El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) dio a conocer ayer los fundamentos del veredicto dictado el 6 de diciembre pasado en la "causa Vialidad", por el cual quedó condenada por supuesta "administración fraudulenta" la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros doce imputados, con lo que comenzó a correr el plazo de diez días hábiles para la presentación de eventuales apelaciones de las partes.

A lo largo de 1.616 carillas, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso señalaron que "lo verdaderamente relevante para esta sentencia" fue la "connivencia y protección" de los organismos estatales para garantizar la actividad del empresario Lázaro Báez, al tiempo que descartaron las prácticas de lawfare (guerra judicial) que habían sido denunciadas por las defensas de los acusados.

Con este paso procesal, comenzaron a correr los diez días hábiles para las defensas y la fiscalía en pos de apelar ante la Cámara Federal de Casación penal, aunque es un plazo que podría prorrogarse si alguna de las partes lo pide, explicaron fuentes judiciales.

Para justificar el veredicto, los integrantes del TOF 2 aseguraron que "lo verdaderamente relevante para esta sentencia es evidenciar la reacción institucional -de manifiesta connivencia y protección- de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Antonio Báez".

"La política pública que su Gobierno pregonaba escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal", opinaron sobre la causa en la que condenaron a la expresidenta a 6 años de prisión e inhabilitaron para ejercer cargos públicos.

En cuanto al delito de asociación ilícita que la fiscalía endilgó a los acusados, Gorini y Giménez Uriburu concluyeron que "no ha podido demostrarse". Basso votó en disidencia.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido que la Vicepresidenta fuera condenada a 12 años de prisión, al igual que el empresario Lázaro Báez, basándose en la figura penal de asociación ilícita, una acusación que el TOF descartó. Se espera que Luciani apele para que Cristina sea condenada por asociación ilícita.

Los jueces evaluaron que no se probó "la cantidad de personas que habrían integrado la organización". Respecto a la administración fraudulenta, los jueces consideraron que la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas "Austral Construcciones", de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, constituyó "un hecho de corrupción estatal" que derivó en un "perjuicio" a las arcas públicas.

Al dar probado ese delito, los integrantes del TOF 2 tomaron como prueba una supuesta reunión entre "funcionarios y empresarios" en Santa Cruz luego de las elecciones del domingo 22 de noviembre de 2015, de la cual dieron por probado que participó la entonces Presidenta de la Nación a pesar de que la defensa de la exmandataria lo negó durante el juicio oral.

En cuanto a la entonces Presidenta de la Nación, consignaron que "la comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner" quedó "evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas".

Respecto a la asignación de partidas para la obra pública, se espera que los abogados de Cristina insistan en que eso es potestad del Congreso de la Nación. Todo esto servirá para apelar el fallo. Si el caso llega a la Corte Suprema de Justicia, ese tribunal no tiene plazos para tomar una decisión.

Río Negro

Cristina asistirá hoy a la sede de la Universidad Nacional de Río Negro, en Viedma, para recibir el doctorado honoris causa y para brindar una ponencia que lleva por título '¿Hegemonía o consenso?, ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria'.

Defensa de Cristina trabaja la respuesta

 

La defensa de Cristina ya trabaja en la apelación de la sentencia del juicio conocido como "Vialidad" y el eje estará puesto en plantear que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 "no expuso pruebas directas (que involucraran a la exmandataria en un ilícito) sino que recurrió a una construcción basada en supuestos indicios" para justificar la condena.

Integrantes de la defensa jurídica de la expresidenta y titular del Senado estudiaron los fundamentos de la condena dictada en diciembre por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 y señalaron que de la lectura detallada de las 1.616 carillas se desprende que "el propio Tribunal comienza la valoración de la prueba con la aclaración de que no tiene prueba directa, pero que condenará por supuestos indicios".

Las fuentes explicaron que la defensa de la Vicepresidenta concentrará sus críticas en los fundamentos que sostienen que Cristina Kirchner dictó el decreto 54/2009 (que incorporó como beneficiaria a la Dirección Nacional de Vialidad) para favorecer a las empresas de Lázaro Báez.

"No es un decreto que asignaba una partida presupuestaria a una obra en particular. Decía que esos fondos podían gastarse en obras viales, no sólo de Lázaro Báez sino de cualquiera que las realizara", afirmaron las fuentes consultadas.