La Cámara de Senadores se encaminaba anoche, al cierre de esta edición, a convertir en ley el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que por la mañana fue aprobado en Diputados. La iniciativa otorga una serie de facultades especiales "superpoderes" al Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

El oficialismo tendría asegurado los votos para aprobar la iniciativa y convertirla en ley aunque, igual que en Diputados se esperaba una sesión maratónica con definición recién sobre la madrugada del sábado.

El oficialismo logró el quórum sin la presencia de la oposición que, sin embargo, no impidió que el Frente de Todos lograra los votos positivos de los dos tercios de los miembros presentes en el recinto que se requieren para debatir la cuestión sobre tablas.

El debate de la iniciativa estuvo interrumpido durante casi dos horas por pedido del interbloque de Juntos por el Cambio, cuyos miembros reclamaban que no habían podido leer el texto aprobado por la Cámara baja tras una sesión de más de veinte horas que terminó cerca de las diez de la mañana.

De hecho, el texto ingresó a la Secretaría Parlamentaria del Senado a las 15:50.

Antes de pasar al cuarto intermedio, la senadora oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti anunció que el presidente Alberto Fernández había notificado que ampliará el período de sesiones extraordinarias para discutir un proyecto que elimina las jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial y en el cuerpo diplomático.

La cuestión previsional era uno de los principales pilares sobre los que se armó la estrategia de la oposición para votar en contra el proyecto que excluía de la suspensión de la movilidad jubilatoria a los regímenes especiales.

El primero de los integrantes de Juntos por el Cambio que expresó su respaldo a la idea fue el radical Julio Cobos quien recordó que había presentado un proyecto de ley para eliminar las llamadas "jubilaciones de privilegio".

El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.

Los principales ejes son la creación de un impuesto del 30% a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba de retenciones a la exportación de granos y oleaginosas y la suspensión de la movilidad jubilatoria. Se eximen de esta medida a las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, exfuncionarios nacionales y científicos ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.

"Es una oportunidad histórica para que dentro del Congreso podamos discutir esta injusticia que sigue reinando en la Argentina", anunció Fernández Sagasti al dar a conocer el mensaje de Alberto Fernández.

"Celebro lo que anunció el presidente de la Nación", respondió su coterráneo Cobos en el recinto de sesiones.

El cordobés Carlos Caserio, virtual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que aún no se reunió, aseguró que "esta ley es para poner a la Argentina en movimiento" porque "la situación es realmente grave".

"La emergencia es el modo para salir rápidamente de este problema", afirmó Caserio y le pidió a Juntos por el Cambio que apoyen la sanción de la Ley porque "el país la necesita".

El voto de Diputados
 

Con asistencia perfecta de los diputados de su bloque y la colaboración de la mayoría de los integrantes del interbloque Federal, de Unidad Federal y del MPN, el Frente de Todos consiguió 134 votos para imponerse en la votación del proyecto de Solidaridad Social. Juntos por el Cambio reunió 110 votos negativos (con 8 ausencias) junto con la Izquierda y uno de los integrantes del interbloque Federal.