La causa por los presuntos sobornos en la obra pública durante el kirchnerismo sumó ayer a tres nuevos arrepentidos. Se trata de tres empresarios del sector vial que habían sido involucrados en su declaración por el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos (CAC) Wagner.

Cecilia Sztemberg de Equimac; Patricio Gerbi, de Coarco; y Luis Losi, de Losi SA. Todos ellos acordaron con el fiscal federal Carlos Stornelli ser considerados como imputados colaboradores en la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno por el presunto pago de sobornos a exfuncionarios kirchneristas. Sin embargo, el magistrado deberá homologar el pacto para que sean considerados oficialmente como "arrepentidos".

Fuentes judiciales informaron que los tres empresarios fueron involucrados por el extitular de la CAC y de Esuco, Carlos Wagner.

Wagner, explicó que Julio de Vido en 2004 lo citó en su despacho para decirle que por orden de Néstor Kirchner debía garantizar el éxito de las licitaciones según los intereses del Gobierno porque la obra pública iba a ser uno de los métodos de la recaudación de dinero para la política.

Dijo que las empresas compraban los pliegos y se reunían en diversos lugares para definir el ganador de la licitación. Entre las empresas mencionó a Perales Aguiar, Biancalani, Losi, Fontana Micastro, Marcalba, Iecsa, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco.

En este entramado investigado y donde ya hay más de 38 personas imputados y 16 detenidos, los empresarios que hoy buscaron acogerse al régimen del imputado colaborador -como otros tantos directivos y ejecutivos- están acusados de ser partícipes necesarios de la asociación ilícita "comandada por Néstor y Cristina Kirchner".

En la causa de los cuadernos de la corrupción se determinó que los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron al menos 35 millones dólares "en un sinnúmero de oportunidades entre 2008 y 2015". Es por ello, que para la Justicia esto permite "acreditar la permanencia en el tiempo de la organización ilícita".

Oscar Thomas, el único exfuncionario con pedido de captura emitida por el juez Claudio Bonadio que no se presentó a la Justicia y que mandó a decir a través de su abogado que se mantendrá prófugo hasta que no le aseguren ciertas pautas de tratamiento, autorizó una indemnización millonaria cuando dejó Yacyretá.

El representante de la Argentina en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante todo el kirchnerismo y hombre mencionado en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como quien le acercó dinero de manera ilegal a Roberto Baratta, se dio a sí mismo y a su equipo de confianza, una indemnización millonaria. Este dinero estuvo disponible para su cobro desde el primer día de gestión de Mauricio Macri y un día después de la salida Cristina.

Según los registros oficiales, el único prófugo en la causa de los cuadernos habilitó un reintegro cercano a los $17 millones para sus principales colaboradores. Entre ellos figuran él mismo ($4,30 millones), Daniel Mugherza ($3,23 millones), Mirta Susana Monti ($3,398 millones), Jorge Romero ($3,19 millones) y Raúl Noceti ($3,13 millones). Los últimos cuatro eran consejeros por el lado argentino.

En agosto de 2012, Thomas había habilitado mediante una resolución el pago de una doble indemnización para quienes tuvieran al menos una década de trabajo en Yacyretá, algo que se cumpliría al año siguiente.

El sucesor de Thomas en Yacyretá, Humberto Schiavoni (senador y presidente del PRO) ordenó apenas llegó a la empresa presentar la documentación a la Procuración del Tesoro y a la Oficina Anticorrupción. Sostenía que las indemnizaciones debían regir para el personal no vinculado a la política, como era el caso de Thomas y sus directores. Meses más tarde, el hombre ahora buscado por Interpol y Mugherza devolvieron el dinero, pero no el resto.