La movilidad jubilatoria no se suspenderá por 180 días para los docentes y los científicos, según el dictamen del proyecto de ley ómnibus del Poder Ejecutivo, ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.

La excepción también incluye los pagos a los menores de 21 años o personas mayores pero con discapacidad, que tengan a alguno de sus progenitores fallecido por violencia intrafamiliar o de género.

Puntualmente, se mencionaban como beneficiados de la excepción a docentes, profesores universitarios e investigadores científicos. Referentes legislativos confirmaron esa marcha atrás a medios nacionales. En el capítulo referido a las jubilaciones, se menciona la suspensión por 180 días de la actualización automática y en ese lapso, mientras se analiza una nueva fórmula, el Poder Ejecutivo dispondrá de facultades para disponer incrementos por decreto.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, explicó el miércoles pasado a los legisladores que el Ejecutivo va a atender "a los sectores de más bajos ingresos", con lo cual, cuando se otorguen aumentos para todos los jubilados, cobrarán más los que perciben la mínima, y menos los que tengan haberes medios y altos.

Si bien los docentes y científicos no quedarán afectados, la fórmula de movilidad que aplica el sistema previsional no se aplicaría a otros regímenes especiales, entre ellos la que se otorga a los excombatientes de Malvinas o al personal del servicio exterior de la Nación y guardaparques.

Una política similar se aplicó en el gobierno del expresidente Néstor Kirchner, que implicó el congelamiento de miles de jubilaciones y pensiones que no estaban en la mínima, con lo cual se generaron juicios que llegaron a la Corte Suprema de Justicia.

En el dictamen de mayoría firmado el miércoles, se retiraron del texto del artículo 51 las menciones al decreto 137 del año 2005 y a la ley 22.929. Ese artículo es el que describe cuáles son los sistemas de actualización automática de haberes que quedarían suspendidos.

Y las dos normativas mencionadas son las que se refieren al régimen previsional especial para docentes y al de quienes trabajan en tareas científicas de investigación y desarrollo. Ambos grupos tienen sistemas específicos, que garantizan un determinado ingreso en relación a los ingresos activos y la aplicación de un sistema de movilidad.

Al quedar sin vigencia los mecanismos de actualización automática, y según especifica el proyecto, el Poder Ejecutivo obtendría facultades especiales para poder disponer incrementos trimestrales por decreto y de manera discrecional. Desde el Gobierno señalan que eso ocurrirá en marzo, en tanto que dicen confiar en que para junio ya habrá una nueva fórmula.

El proyecto hace hincapié en que se atenderá en forma prioritaria "a los sectores de más bajos ingresos". Es decir que, en caso de que se otorguen aumentos para todos los jubilados, recibirán más los que cobran ingresos reducidos y percibirán menos los que tengan haberes medios y altos. Un objetivo del Gobierno es disminuir el nivel de incremento del gasto previsional que supone cumplir en 2020 con lo establecido por la ley que se aprobó en 2017.

La política de fragmentación de aumentos de haberes según rangos de ingresos había sido dispuesta ya entre los años 2002 y 2006. En ese entonces, congelar cientos de miles de jubilaciones y pensiones (todas las que no estaban en la mínima) fue una de las claves para que el gobierno de Néstor Kirchner lograra equilibrar las cuentas fiscales.