El Servicio Penitenciario Federal se transformó en un problema para el presidente Alberto Fernández y por eso decidió intervenirlo. El Gobierno nacional hizo oficial la intervención de las cárceles federales debido a la situación de hacinamiento que se vive, pero también por las denuncias de espionaje y otras irregularidades. La intervención incluye también a la cárcel federal de Mendoza.

La decisión la toman por la gravedad que tomó el hacinamiento en el marco de la pandemia de coronavirus. El año pasado ya se había declarado la emergencia  debido a la sobrepoblación carcelaria "situación que se ha visto agravada en el contexto de la pandemia de COVID-19", según explica el Gobierno.

Para conducir la crisis el gobierno designó a María Laura Garrigós, una ex jueza federal. "Tengo enorme preocupación por la causa del espionaje. Esos son hechos de los que nos la pasamos hablando y señalamos que ocurrían", dijo Alberto Fernández ayer al anunciar el cambio en el Servicio Penitenciario Federal.

La intervención es por seis meses, pero podría prorrogarse.