Un mes después del escándalo por la liberación de un motochorro a cambio de 700 pesos, la Procuración General de la Nación ordenó a los fiscales a oponerse a las probations, instrumento que permite evitar el juicio, para quienes roben bajo esa modalidad.

La resolución 13/19 fue firmada ayer por Eduardo Casal, procurador General de la Nación interino, en la que señala que "la concesión irreflexiva de la suspensión del juicio a prueba (probation) puede debilitar de manera apreciable las expectativas normativas acerca de la utilidad como instrumento para una más eficiente administración de justicia".

Entre los argumentos para tomar la medida, Casal se refirió al incremento sostenido de los casos de motochorros en la Ciudad de Buenos Aires, según marcan las estadísticas oficiales, que resultan "un menoscabo de la seguridad de la población al afectar tanto su integridad personal como la de sus bienes", de acuerdo al texto al que accedió el diario Clarín.

De esta manera, los fiscales deberán opinar en contra de las probations para los motochorros, para que sean sometidos a juicio. Y si, igualmente, el juez resuelve conceder la suspensión del juicio a prueba, los fiscales están obligados a apelar.

La decisión llegó un mes después del escándalo por el caso del motochorro colombiano Jair Stevens Jurado Mora (25), que fue detenido infraganti luego de robar un celular en avenida La Plata al 100, en Caballito, pero liberado en menos de 48 horas.