Gerardo Pollicita quiere verificar ocho direcciones de Bitcoin con las que el exjefe de Gabinete justificó casi USD 600.000. También pidió revisar ingresos, propiedades, vehículos y datos fiscales de él y su esposa.
La Fiscalía busca comprobar las explicaciones presentadas por Manuel Adorni sobre el origen de parte de su patrimonio.
Foto:
La causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas destinadas a comprobar las explicaciones que el exjefe de Gabinete presentó sobre el origen de su patrimonio, con especial atención sobre ocho direcciones de Bitcoin que, según su defensa, le permitieron obtener USD 591.544,61 antes de ingresar a la función pública.
El pedido no implica todavía una conclusión sobre la validez de esas explicaciones. La Fiscalía busca contrastarlas con documentación y pruebas técnicas antes de definir cómo continuará el expediente que tramita ante el juez federal Ariel Lijo. Entre las medidas solicitadas aparecen una verificación criptográfica de las billeteras, la ampliación del levantamiento del secreto fiscal y una reconstrucción más extensa de la situación económica de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
La decisión se produce una semana después de que la defensa respondiera un cuestionario de 20 puntos elaborado por Pollicita para justificar diferentes aspectos de la evolución patrimonial del matrimonio. Adorni sostuvo en esa presentación que sus bienes tienen un origen “razonable y verificable” y negó que exista un enriquecimiento que no pueda ser explicado. Ahora, la Fiscalía pretende comprobar de manera independiente parte de la documentación presentada.
Uno de los ejes centrales del descargo de Adorni fue su actividad con criptomonedas. Su defensa informó que habría operado a través de ocho direcciones de Bitcoin entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018 y sostuvo que, al liquidar esas tenencias, obtuvo exactamente USD 591.544,61.
Según esa explicación, esos fondos constituyen el origen principal de los dólares en efectivo que posteriormente aparecieron en sus declaraciones juradas. En particular, fueron utilizados para justificar USD 565.000 declarados bajo el concepto de “venta de activos” en la declaración jurada inicial correspondiente a 2023, posteriormente rectificada. La defensa acompañó un análisis forense de las operaciones en blockchain y documentación notarial con la que buscó demostrar que las direcciones pertenecían efectivamente a Adorni.
Pollicita pidió ahora ir un paso más allá y realizar una comprobación técnica directa. El abogado de Adorni, Matías Ledesma, deberá presentarse junto con un perito de parte y llevar el sobre cerrado y lacrado en el que se encuentran las claves privadas asociadas a las ocho direcciones. Para concretar el procedimiento se necesita autorización del juez Lijo.
La prueba prevista no consiste simplemente en observar los movimientos públicos de Bitcoin. El perito de la defensa deberá utilizar una aplicación de administración de billeteras y firmar digitalmente un mensaje entregado por la Fiscalía desde cada una de las ocho direcciones. Luego, especialistas de la Policía Federal realizarán una verificación criptográfica para determinar si esas firmas corresponden realmente a las direcciones informadas por Adorni. Las claves privadas permanecerán bajo control de la defensa y el procedimiento será registrado.
Si la prueba confirma la correspondencia, acreditará técnicamente que la defensa dispone del control criptográfico de esas direcciones. El análisis judicial deberá luego considerar esa información junto con el resto de la documentación y la reconstrucción patrimonial incorporada al expediente.
La Fiscalía no se concentró únicamente en las criptomonedas. La defensa de Adorni explicó que una parte del capital que posteriormente utilizó provenía de ahorros familiares acumulados antes de 2014, a partir de la actividad profesional del matrimonio. Frente a ese planteo, Pollicita consideró necesario ampliar el período bajo análisis para determinar si los ingresos registrados en aquellos años resultan compatibles con la capacidad de ahorro invocada.
Por ese motivo, solicitó reconstruir la actividad económica de Adorni desde el 28 de febrero de 1998, cuando alcanzó la mayoría de edad, y la de Angeletti desde el 10 de octubre de 2000, también desde su mayoría de edad, hasta finales de 2011. Esa información se agregaría a los períodos que ya habían sido incluidos en las medidas anteriores.
Entre otras cosas, la Fiscalía pidió a la ANSES la historia laboral completa de ambos, con datos sobre empleadores, remuneraciones, aportes, períodos trabajados y eventual actividad como autónomos o monotributistas. También solicitó ampliar el levantamiento del secreto fiscal para que ARCA aporte declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, actividades económicas declaradas, categorías tributarias, datos suministrados por terceros y posibles adhesiones a moratorias o exteriorizaciones de activos.
Además, se requirió información sobre las compras de moneda extranjera realizadas entre 2011 y 2015, incluyendo fechas, montos, entidades financieras intervinientes y el destino informado para cada operación.
Otro tramo de las nuevas medidas busca reconstruir bienes y actividades económicas que pudieron haber integrado el patrimonio familiar. La Fiscalía solicitó a los registros de la propiedad de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires que informen los inmuebles que hayan figurado a nombre de Adorni o de Angeletti, con las fechas de compra y venta, porcentajes de titularidad, escrituras y posibles gravámenes.
También requirió a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor información sobre vehículos y motos, mientras que la Inspección General de Justicia y organismos bonaerenses deberán establecer si alguno de los dos participó de sociedades, asociaciones o fundaciones como socios, accionistas, administradores, representantes o apoderados.
La reconstrucción incluye además la situación profesional del matrimonio. Los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires deberán informar matriculaciones, títulos y antecedentes correspondientes a ambos.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito comenzó a tomar forma en marzo de este año, después de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, entonces disidente de La Libertad Avanza. Pollicita impulsó el expediente y pidió inicialmente una batería de medidas sobre declaraciones juradas, propiedades, viajes y otros movimientos patrimoniales.
Durante los meses siguientes, los investigadores recopilaron información sobre ingresos, gastos, inmuebles, consumos, operaciones financieras y criptomonedas. En julio, la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) entregó un informe que, según fuentes judiciales citadas por distintos medios, detectó inconsistencias entre algunos ingresos declarados y los gastos y movimientos relevados. Ese análisis no constituye una sentencia ni una determinación de culpabilidad, sino una pieza técnica dentro de la pesquisa.
A partir de ese trabajo, Pollicita formuló en agosto un requerimiento de justificación patrimonial compuesto por 20 preguntas. Entre los puntos que Adorni debía explicar figuraban los dólares declarados como provenientes de “venta de activos”, préstamos familiares, gastos inmobiliarios, vehículos, consumos con tarjetas y operaciones con criptoactivos.
La investigación toma como período principal el comprendido entre diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública, y el 27 de junio de 2026, cuando dejó la Jefatura de Gabinete. La ampliación solicitada ahora sobre años anteriores busca comprobar específicamente las explicaciones de la defensa acerca del origen previo de los ahorros.
En el escrito presentado este mes, la defensa sostuvo que una parte sustancial de los fondos utilizados durante los años investigados provenía de la venta de Bitcoin adquiridos mucho antes de su llegada al Gobierno. Según esa reconstrucción, el dinero permaneció posteriormente como ahorro en dólares y fue utilizado para distintos gastos e inversiones.
Adorni vinculó esos ahorros, entre otras operaciones, con la compra y refacción de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y con la adquisición de un departamento en la calle Miró, en Caballito. También cuestionó algunas de las estimaciones utilizadas durante la investigación para calcular los gastos realizados en las obras de la vivienda.
Su defensa sostuvo asimismo que la diferencia patrimonial calculada por la Fiscalía en aproximadamente $43 millones constituye una brecha residual que puede ser explicada con la documentación aportada y no representa, desde su posición, un enriquecimiento injustificado. Esa afirmación es parte del planteo defensivo y permanece bajo análisis judicial.
Las nuevas medidas deberán ser autorizadas en los casos que requieren intervención del juez Ariel Lijo. Una vez obtenidos los resultados de los peritajes, informes fiscales y registros patrimoniales, Pollicita deberá evaluar si las explicaciones presentadas por Adorni resultan suficientes o si corresponde solicitar nuevas medidas procesales.
