La Casa Rosada analiza ratificar en Diputados las modificaciones introducidas por la Cámara alta para garantizar la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, aunque persisten diferencias dentro del oficialismo.
El Gobierno nacional se encamina a aceptar en la Cámara de Diputados los cambios que el Senado incorporó al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La decisión busca destrabar la iniciativa y asegurar su aprobación definitiva, aunque todavía debe terminar de definirse dentro del oficialismo.
Uno de los puntos que generó diferencias está relacionado con el mecanismo para remover al presidente, vicepresidente y directores del Banco Central. El proyecto establece que las autoridades solo podrán ser apartadas por las causales previstas en la ley y con aprobación de ambas cámaras del Congreso mediante una mayoría especial.
La iniciativa había recibido media sanción de Diputados en agosto, con 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones. Entre sus principales cambios, plantea que el objetivo central del BCRA sea preservar el valor de la moneda y establece restricciones al financiamiento del Estado mediante emisión monetaria.
Sin embargo, durante las negociaciones en el Senado, los bloques aliados al oficialismo reclamaron modificaciones a la versión aprobada por la Cámara baja. Esos cambios fueron finalmente incorporados y provocaron que el proyecto regresara a Diputados.
La definición sobre cómo avanzará el oficialismo será uno de los temas de la mesa política prevista para el martes 29 de septiembre. Allí buscarán ordenar la postura interna antes de que la Cámara baja vuelva a tratar la reforma.
Qué propone la reforma del BCRA
El proyecto modifica distintos aspectos del funcionamiento del Banco Central. Entre ellos, limita la posibilidad de financiar al Tesoro, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, además de establecer restricciones para la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.
También introduce cambios en el régimen de distribución de utilidades y en las condiciones para la designación y remoción de las autoridades de la entidad.
La iniciativa forma parte de la agenda económica impulsada por el Gobierno de Javier Milei y deberá volver a ser analizada por Diputados luego de las modificaciones aprobadas por el Senado.
