A través del Decreto 650/2026 publicado en el Boletín Oficial, el gobierno habilitó la salida de efectivos militares para un ejercicio multinacional liderado por Estados Unidos.
Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 650/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo autorizó la salida del país de personal de las Fuerzas Armadas para participar en el ejercicio multinacional "PANAMAX 2026".
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Una nueva polémica política e institucional se desató tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 650/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo autorizó la salida del país de personal de las Fuerzas Armadas para participar en el ejercicio multinacional "PANAMAX 2026", a desarrollarse en la República de Panamá.
La controversia radica en que la orden fue emitida de manera directa sin contar con la aprobación previa del Congreso de la Nación, requisito previsto en la legislación vigente (Ley 25.880 y artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional) para la entrada de tropas extranjeras o el despliegue de efectivos locales en el exterior.
Desde el Gobierno justificaron la utilización de la vía ejecutiva argumentando que la Casa Rosada envió de manera oportuna el correspondiente proyecto de ley al Poder Legislativo, pero que, ante la falta de tratamiento de la iniciativa por parte de la Cámara de Diputados y la inminencia de la fecha de las ejercitaciones, resultó indispensable recurrir a un DNU para garantizar la participación argentina.
El ejercicio "PANAMAX 2026", que se llevará a cabo entre el 27 de julio y el 15 de agosto bajo la coordinación del Comando Sur de los Estados Unidos, plantea un escenario de adiestramiento conjunto frente a eventuales amenazas a la navegación en el Canal de Panamá.
En esta edición, las Fuerzas Armadas argentinas se integrarán a una fuerza combinada junto a contingentes de otros trece países de la región, entre los que se destacan Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y el propio Estados Unidos.
La medida generó un fuerte rechazo en la oposición, desde donde adelantaron la presentación de pedidos de informes en las Cámaras parlamentarias. Sectores legislativos cuestionan el uso del DNU por considerar que la salida de tropas requiere de un control constitucional estricto y previo del Congreso, argumentando que no se trataba de una emergencia imprevisible.
Asimismo, la decisión profundiza el alineamiento estratégico en materia de defensa internacional encarado por la gestión nacional en cooperación prioritaria con Estados Unidos y países de la región.
