A través de la Secretaría de Minería, la administración central dejó sin efecto una serie de normativas, planes operativos y esquemas de control creados en gestiones anteriores.
En el marco de un proceso de reorganización administrativa, desregulación y racionalización del gasto público impulsado por la Ley Bases, el Gobierno nacional formalizó una purga reglamentaria sobre la actividad minera. Mediante la Resolución 64/2026 de la Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Economía, se dejaron sin efecto un total de nueve resoluciones dictadas entre 2008 y 2022.
La medida también derogó la Resolución 47/2020, que creó el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino; la Resolución 138/2020, que puso en marcha la Mesa Técnica de Análisis para la revisión de importaciones; y la Resolución 255/2021, que creó la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas.
La medida oficial busca revisar instrumentos administrativos considerados obsoletos o incompatibles con los actuales lineamientos de eficiencia y austeridad estatal, adaptando el marco operativo a las prioridades económicas vigentes.
El paquete de resoluciones eliminadas abarcaba diversos aspectos financieros, sociales, comerciales y ambientales implementados durante administraciones pasadas:
Transferencias de fondos: Se eliminaron los reglamentos particulares que regían el envío discrecional de recursos económicos a provincias, municipios y otros entes (Resoluciones 55/2008 y 134/2008), además de prórrogas vinculadas a rendiciones de cuentas.
Planes sociales y estratégicos: Quedó formalmente desarticulada la adaptación del Plan Nacional de Minería Social (implementado durante la emergencia sanitaria) y el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino.
Comercio exterior: Se disolvió la Mesa Técnica de Análisis de Importaciones orientada al sector.
Monitoreo ambiental y redes federales: Se dio de baja el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería (creado en 2022 para asistir a las provincias en fiscalización) y la Red Federal de Mujeres Mineras.
Desde la cartera minera aclararon que la medida no afecta de manera retroactiva los convenios que ya se encuentran firmados. Las obras, compromisos de ejecución y obligaciones pendientes de rendición de cuentas continuarán bajo las normativas generales de administración financiera.
Asimismo, las autoridades precisaron que la derogación de los programas federales de asistencia técnica no elimina los controles ambientales estructurales previstos por el Código de Minería ni las facultades de policía e inspección que constitucionalmente conservan las provincias sobre sus recursos naturales. No obstante, la decisión abre un debate técnico sobre los mecanismos alternativos que utilizará Nación para coordinar políticas de fiscalización y apoyo con las distintas jurisdicciones mineras del país.
