El Congreso quedó en el centro de la escena tras el anuncio del paquete de leyes.
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Con el inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo, el Gobierno nacional definió una hoja de ruta legislativa que pone a la Ley de Glaciares entre las primeras prioridades del año. La intención oficial es tratarla en la Cámara de Diputados durante la primera semana de marzo, junto con la Ley de Financiamiento Universitario, siempre que el Senado le otorgue media sanción en los próximos días.
El presidente Javier Milei aún no terminó de cerrar el discurso que pronunciará ante la Asamblea Legislativa, pero en la Casa Rosada anticipan que marcará el rumbo de una agenda ambiciosa con cuatro reformas estructurales y siete proyectos clave para 2026.
En Balcarce 50 remarcan que la Ley de Glaciares estará en el mismo nivel de prioridad que el financiamiento a universidades y las modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad. El objetivo político es iniciar el período ordinario con temas de fuerte impacto institucional y social.
El Ejecutivo definirá en los próximos días la planificación y secuencialidad del tratamiento de cada iniciativa. Mientras algunos sectores del oficialismo insisten en avanzar con cambios de fondo, otros reconocen que existen “urgencias” que pueden alterar el orden previsto.
Luego del debate por Glaciares, el Gobierno buscará la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y la adhesión al Consejo de Paz impulsado por Donald Trump. Además, el Presidente enviará al Congreso el tratado entre el Mercosur y Singapur, que se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica encabezada por María Ibarzabal.
Estos movimientos forman parte de la estrategia oficial para consolidar una agenda de apertura comercial e inserción internacional.
En un segundo tramo del año legislativo aparece la reforma del Código Penal, que contempla endurecimiento de penas, incorporación de delitos digitales y nuevas herramientas contra el crimen organizado. Desde Nación aclaran que no se prevén cambios en la figura de femicidio ni en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
También figura un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental, habilitando a los jueces a autorizar hospitalizaciones. En cambio, quedó descartado por ahora el envío de una iniciativa para flexibilizar créditos en dólares para personas y empresas que no generan divisas, una alternativa que se evaluó por decreto pero finalmente se frenó.
La reforma tributaria integra el paquete estructural, aunque en la Casa Rosada reconocen que no cuentan aún con una estrategia definida para impulsarla. En distintos despachos se menciona la posibilidad de un pacto fiscal con las provincias para avanzar en una baja coordinada de impuestos.
En paralelo, se trabaja en una reforma política que elimine las PASO, modifique el financiamiento partidario y ajuste el esquema de Boleta Única de Papel (BUP). A eso se suma la redacción de una nueva Ley de Seguridad Nacional, orientada a redefinir las atribuciones de las áreas de Seguridad, Inteligencia y Defensa.
Con este esquema, el Gobierno apuesta a iniciar el año parlamentario con el debate por Glaciares como uno de los ejes centrales, en un contexto donde cada proyecto requerirá negociación fina en un Congreso fragmentado.