En medio del despliegue de los megaproyectos amparados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, mantuvo una cumbre clave con los máximos ejecutivos de tres de las operadoras mineras más importantes del mundo —José Morea (Vicuña), Martín Pérez de Solay (Glencore) y José Ignacio Costa (Rio Tinto)— con un reclamo puntual sobre la mesa: exigirles mayor comunicación y difusión pública sobre el impacto real de las obras en la economía nacional.
A través de sus redes sociales, Caputo había destacado que el 86% de lo invertido está destinado a empresas nacionales y que el régimen ya logró movilizar a más de 1.200 proveedores. Sin embargo, detrás de la foto oficial trascendió que el Gobierno considera que estos datos no están llegando con claridad a la opinión pública, instando a las compañías a visibilizar con mayor fuerza el compre local y el desarrollo de sus cadenas de valor, matizadas por polémicas recientes como el uso de insumos importados para determinados gasoductos o el montaje de campamentos específicos.
Rondas de negocios para llenar un "vacío" burocrático
Para achicar la brecha entre los grandes capitales y la industria local, Caputo anunció que el próximo 29 de octubre arrancarán en Rosario (Santa Fe) las “Rondas de Negocios RIGI”, un espacio diseñado para vincular de manera directa a los proyectos con proveedores nacionales y dar a conocer los cronogramas de compras de bienes y servicios.
La iniciativa busca subsanar un dato llamativo: hasta el momento no hay ninguna empresa inscripta en el registro oficial de proveedores para los proyectos adheridos al régimen. Aunque anotarse en dicho registro otorga beneficios impositivos sustanciales —como exenciones de aranceles para importar insumos, de tasas estadísticas y de Ingresos Brutos—, en el sector privado atribuyen esta ausencia a complejas trabas burocráticas.
Los números del RIGI: cronograma de desembolsos y la lupa sobre las importaciones
De acuerdo con la información oficial, el RIGI ya cuenta con 23 proyectos aprobados que representan una inversión estimada en US$49.766 millones, cifra que treparía hasta los US$174.000 millones si se suman las iniciativas que continúan bajo evaluación en un esquema extendido hasta julio de 2027.
El cronograma de desembolsos prevé un ritmo sostenido en el corto plazo impulsado por los mínimos obligatorios que exige la ley para los primeros dos años: se estiman inversiones por US$6.196 millones para este año, US$6.251 millones en 2027 y un pico de US$6.644 millones en 2028, a partir del cual las curvas comenzarán a descender.
En cuanto al frente comercial, ocho de los proyectos aprobados ya registran importaciones por un total de US$451,3 millones. De ese monto, la Cámara promotora de Valor Agregado Nacional advirtió que US$300,8 millones corresponden a 60 posiciones arancelarias bajo observación permanente debido a su impacto directo sobre la producción nacional de bienes de capital. Cabe recordar que, por ley, los beneficiarios deben cumplir con el carácter de declaración jurada de contratar al menos un 20% de proveedores locales del total de la inversión.
Protagonismo sanjuanino en la mesa chica
Las empresas convocadas por el Palacio de Hacienda concentran los proyectos de cobre y litio más dinámicos del país, con un rol central para San Juan:
Vicuña (Josemaría y Filo del Sol): El consorcio integrado por la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP ya tiene aprobado un RIGI por US$9.024 millones para la primera etapa de Josemaría. Para el período inicial entre 2026 y 2028 —que contempla el inicio de la construcción de la mina de cobre— desembolsará US$2.009 millones.
Glencore: La gigante suiza aguarda que el comité evaluador dé luz verde a dos mega inversiones: el proyecto de cobre Pachón en San Juan, por US$9.500 millones, y Agua Rica en Catamarca, por US$4.000 millones.
