El Ministerio Público Fiscal acusa a Vanesa Fita y a otras cuatro mujeres por maniobras que suman $59,4 millones. Prometían la adjudicación de casas del IPV a familias vulnerables a cambio de dinero.
Un gravísimo caso de estafa y defraudación conmociona a la provincia de Chubut. El Ministerio Público Fiscal imputó a cinco mujeres acusadas de concretar 594 estafas por un monto total de $59,4 millones, mediante falsas promesas de entrega de viviendas sociales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad. La principal apuntada por la Justicia es Vanesa Fita, hermana del diputado provincial y presidente del PJ chubutense, Gustavo Fita.
Según consta en la acusación presentada por el fiscal general Martín Cárcamo, las maniobras delictivas se ejecutaron entre abril de 2023 y febrero de 2024 en la ciudad de Comodoro Rivadavia. La investigación abarca tanto el tramo final de la gestión del exgobernador Mariano Arcioni como el inicio del mandato de Ignacio Torres.
Para acceder a las supuestas soluciones habitacionales construidas o a construirse por el IPV, las víctimas eran obligadas a realizar una transferencia de $100.000. El pago se dividía en dos tramos: $80.000 teóricamente destinados a los aranceles del organismo público y $20.000 para cubrir conexiones del servicio eléctrico. Sin embargo, las divisas no ingresaban a las arcas estatales, sino que eran desviadas hacia cuentas bancarias y billeteras virtuales personales de las acusadas.
De acuerdo a la reconstrucción fiscal, Fita fingía desempeñarse como gestora de una cooperativa de viviendas e invocaba falsos contactos de alto nivel con funcionarios provinciales para garantizar la adjudicación de los inmuebles. Incluso, según declaraciones tomadas a damnificados, la acusada aseguraba contar con el respaldo directo del exgobernador Arcioni y de su secretaria privada para infundir confianza y acelerar los cobros.
Una vez efectuados los depósitos, los damnificados eran integrados a grupos de WhatsApp donde se les comunicaban fechas de entrega ficticias y se les solicitaba documentación personal. Ante el vencimiento reiterado de los plazos, las imputadas justificaban las demoras amparándose en supuestos "inconvenientes administrativos" ante el IPV y convocaban a reuniones presenciales para sostener la simulación.
La investigación judicial se desencadenó en febrero de 2024 a partir de las primeras denuncias radicadas por vecinos al notar las irregularidades. A lo largo de la pesquisa, los investigadores consolidaron 179 denuncias penales formales y recopilaron abundante material probatorio, entre los que se destacan comprobantes de transferencias bancarias, registros de llamadas y chats de WhatsApp y Messenger.
