El abogado Gregorio Dalbón solicitó las aprehensiones del ministro de Economía, el titular del BCRA y el director Juan Curutchet. Acusa pérdidas de más de US$ 1.000 millones en operaciones con derivados y obstrucción a la Justicia.
El abogado Gregorio Dalbón solicitó formalmente la detención del ministro de Economía, Luis Caputo; del presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; y del director de la entidad, Juan Curutchet. La petición judicial se enmarca en la investigación sobre presuntas irregularidades en operaciones con derivados financieras respaldadas en las reservas de oro nacional durante el ejercicio 2025.
Según detalló el letrado en declaraciones televisivas, la acusación abarca los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, situando al titular del Palacio de Hacienda como presunto jefe de dicha estructura.
La causa se encuentra radicada en el juzgado a cargo del juez Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita. Dalbón argumentó que, si bien no existen riesgos procesales de fuga, los imputados incurrieron en obstrucción a la Justicia y falsedad de información, basándose en un informe de auditoría presentado por el auditor Juan Ignacio Olmos.
De acuerdo con las precisiones contables expuestas en la denuncia, la Auditoría General de la Nación (AGN) constató un resultado negativo de 1.023 millones de dólares derivados de las operaciones financieras con el metal precioso.
El escrito especifica que el saldo desfavorable se desglosa en:
US$ 960,2 millones (equivalentes a $1.400.793 millones) asentados como pérdida por opciones.
US$ 62,8 millones ($68.362 millones) en concepto de pago de primas de opciones.
Por otra parte, la tenencia total del metal en las arcas de la autoridad monetaria registró durante el mismo período una ganancia contable por diferencia de cotización de $8.002.500 millones.
Además de los pedidos de detención inmediata para los funcionarios implicados, la querella solicitó un conjunto de medidas restrictivas que incluyen la prohibición de salida del país, el impedimento de ingreso a dependencias del BCRA y del Ministerio de Economía donde repose documentación del caso, y la prohibición de contacto con testigos, auditores y personal clave.
El avance de esta acción judicial se suma al frente penal que afronta la conducción económica. Cabe recordar que el pasado 10 de agosto la diputada Marcela Pagano denunció penalmente a Caputo y Bausili por presuntas inconsistencias en el destino de casi $4 billones de fondos públicos, cuestionando la falta de trazabilidad oficial sobre los activos de la entidad monetaria.
