La diputada nacional de La Libertad Avanza Mercedes Llano presentó un proyecto de ley para reformar el artículo 51 de la Ley de Educación Superior, con el objetivo de establecer que todos los docentes universitarios designados por concurso deban revalidar sus cargos cada cuatro años mediante nuevos concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición. Asimismo, la iniciativa propone elevar del 70% al 90% el porcentaje mínimo de profesores concursados que deben integrar las plantas docentes de las universidades nacionales.
La propuesta busca modificar uno de los aspectos centrales de la carrera académica y se fundamenta en una reivindicación de los principios de la Reforma Universitaria de 1918. Según el texto, el sistema actual habría abandonado el concepto de "periodicidad de la cátedra", reemplazándolo por mecanismos de evaluación interna que permiten la continuidad de los docentes sin competir nuevamente con postulantes externos.
El proyecto fija que el ingreso a la carrera académica continuará realizándose mediante concursos públicos, pero agrega que esos concursos tendrán una vigencia de cuatro años en todos los supuestos. Vencido ese plazo, el cargo deberá volver a concursarse, permitiendo que el profesor saliente compita en igualdad de condiciones con otros aspirantes. Además, exige que al menos el 90% de los docentes de cada universidad hayan accedido a sus puestos mediante esta vía.
Cuestionamiento al actual sistema y referencias internacionales
En los fundamentos de la iniciativa, Llano sostiene que la periodicidad de las cátedras fue desplazada por sistemas de desempeño que priorizan la continuidad de quienes ya ocupan los cargos, limitando el concurso casi exclusivamente al ingreso inicial. En esa línea, cuestiona el Convenio Colectivo de Trabajo docente homologado en 2015, al señalar que profundizó este esquema y permitió incorporar a la carrera a numerosos interinos con antigüedad sin atravesar instancias abiertas.
La legisladora argumenta también que el piso legal vigente del 70% de docentes concursados no se cumple en gran parte del sistema y vincula la falta de renovación con la endogamia académica y menores niveles de productividad científica, citando como referencias los modelos universitarios de Uruguay y España. Por último, sostiene que la reforma no vulnera la autonomía universitaria, al considerar que el Congreso tiene facultades para fijar las bases de la educación superior y garantizar la idoneidad mediante concursos abiertos.
