El tribunal dio curso formal a la apelación presentada por la fiscal Eugenia Anzorreguy de Silva.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal aceptó este viernes de manera formal el recurso de casación interpuesto por la fiscal Eugenia Anzorreguy de Silva contra el sobreseimiento del ministro de Economía, Luis Caputo. La causa investiga la presunta omisión de declarar vínculos con sociedades beneficiadas durante la emisión del histórico bono a 100 años, concretada en su gestión al frente de la Secretaría de Finanzas bajo el gobierno de Mauricio Macri.
"Se dispuso confirmar la resolución que decretó el sobreseimiento", comunicó el tribunal en el fallo al que tuvo acceso Noticias Argentinas, dando luz verde para que la discusión jurídica ascienda de instancia.
La decisión de la Sala I no fue unánime y dejó en evidencia diferencias de criterio entre los jueces sobre los límites de las vías recursivas:
Voto de mayoría (Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola): Los magistrados evaluaron que la apelación de la fiscal cumplía rigurosamente con las premisas legales. Determinaron que la presentación se realizó en tiempo y forma, con fundamentos correctos, y remarcaron que el recurso es plenamente válido por tratarse de una "sentencia definitiva" que cierra irrevocablemente el proceso en esta etapa.
Voto en disidencia (Mariano Llorens): El juez se opuso al avance de la medida al plantear que la vía de casación está sobredimensionada en la actualidad y que solo debe reservarse para casos muy puntuales. A su entender, los argumentos de la fiscal se limitaban a repetir cuestionamientos ya debatidos en instancias previas.
Con la declaración de admisibilidad formal del recurso, el tribunal resolvió convocar a la fiscal para que se presente a defender su postura ante la Cámara Federal de Casación Penal, fijando un plazo de tres días una vez que el expediente ingrese al máximo tribunal penal del país.
El conflicto legal se originó luego de que el 7 de septiembre pasado el mismo tribunal confirmara el sobreseimiento y la desvinculación definitiva del funcionario. Ante su disconformidad con el cierre del expediente, la fiscalía optó por avanzar con esta nueva herramienta procesal que ahora mantendrá abierta la discusión judicial en torno a la operatoria de deuda pública.
