Una jueza de Lomas de Zamora suspendió la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia por falta de infraestructura para alojar a más adolescentes.
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La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil tuvo un freno inesperado en la provincia de Buenos Aires. A apenas dos días de comenzar a regir la Ley 27.801, la Justicia bonaerense ordenó suspender su aplicación durante 60 días al advertir que el sistema de encierro no cuenta con las condiciones necesarias para recibir a más adolescentes.
La medida fue dispuesta por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, luego de hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La presentación fue realizada en representación de adolescentes que actualmente se encuentran privados de su libertad.
La jueza puso el foco en la falta de infraestructura y recursos materiales de la provincia para afrontar el impacto de la nueva legislación. Según la resolución, la ampliación del universo de adolescentes que pueden quedar alcanzados por el sistema penal podría generar un aumento de los ingresos y también de la permanencia dentro de los establecimientos.
La Ley 27.801 establece un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 18 años y modifica uno de los puntos centrales del sistema anterior: la edad a partir de la cual una persona puede ser sometida a un proceso penal baja de los 16 a los 14 años.
La normativa contempla distintas medidas y sanciones para los adolescentes que cometan delitos, con un esquema diferenciado del régimen para adultos. Entre sus objetivos figuran la responsabilidad por los hechos cometidos, la educación, la reinserción y la integración social.
Sin embargo, la implementación en territorio bonaerense quedó temporalmente suspendida. La resolución judicial sostiene que los establecimientos provinciales no están actualmente en condiciones de recibir una mayor cantidad de adolescentes sin agravar su situación de vulnerabilidad y afectar sus derechos fundamentales.
La suspensión tiene carácter preventivo y se extenderá durante 60 días, período en el que deberá analizarse si existen las condiciones materiales necesarias para poner en marcha el nuevo régimen en la provincia.
El fallo representa así el primer freno judicial de relevancia a la aplicación de la nueva normativa desde su entrada en vigencia y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad y las condiciones necesarias para implementar el sistema.
