El Poder Ejecutivo envío ayer al Congreso los proyectos de ley que permitirán sostener jurídicamente el plan que busca incentivar el uso del dinero no declarado, denominado “dólar colchón”.
Las propuestas contienen modificaciones la Ley Penal Económica con el objetivo de que las personas que decidan utilizar su dinero que está fuera del sistema luego no queden expuestos a procesos judiciales.
El paquete fue denominado régimen de “Inocenia Fiscal” y en su presentación, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, dijo que “ya no se perseguirá” a quienes guardan dólares fuera del sistema “como si fueran Al Capone”. Además, el titular de ARCA, Juan Pazo, ratificó que “los argentinos que durante años han salvado su plata de la mano de los políticos”, podrán adherir al régimen simplificado de Ganancias. Y agradeció a las 14 provincias que ya firmaron el convenio de adhesión y a las dos que lo harán la semana próxima.
“Quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando lo que debe. Con el nuevo criterio que establece esta Ley, los problemas impositivos se resuelven pagando”, sostuvo Pazo.
La legislación pretende reducir los plazos de prescripción de ciertos delitos, como herramienta para brindar garantías a los eventuales participantes del régimen. Ese plazo se reducirá de 5 a 3 años con la idea de dar certeza durante el mandato de Javier Milei.
El proyecto establece un monto de más de $ 100 millones para que se configure el delito de evasión simple, con penas de prisión de 2 a 6 años, y de $ 1.000 millones para evasión agravada. Se trata de un aumento considerable respecto del importe previo de $ 1,5 millones y $ 15 millones, respectivamente.
“Históricamente, se castigaba a grandes evasores y comenzaban en US$ 100.000, cuando Mauricio Macri impuso la reforma penal tributaria. Ahora, con $ 1,5 millones equivalía a US$ 12.000, eran pequeñas evasiones. Se actualizan valores que habían quedado atrasados por la inflación”, explicó Martín Caranta, socio del Lisicki, Litvin & Abelovich.
En cuanto a la venta de inmuebles, los escribanos y el registro de la propiedad inmueble deberán reportar la compraventa de inmuebles por montos mayores a 750 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), unos $ 235.050.000 (US$ 198.000). Se trata de un monto que más que triplica el umbral que estaba vigente hasta el momento de 200 salarios mínimos, equivalente a $ 62.680.000 (US$ 52.900).
Por otra parte, la UIF dispuso nuevo umbral para el reporte de adquisiciones de automotores: $50.000.000 (US$ 42.300), cuando antes era de $ 26.000 millones (US$ 21.900), y suspendió por única vez la actualización automática de los umbrales hasta enero de 2026, momento en el cual volverá a aplicarse el ajuste semestral basado en el Índice de Precios de ACARA.
También se elevó el monto para elaborar el perfil del cliente para la compra venta de vehículos, que pasó de $ 60.000 millones (US$ 50.600) a $115.000.000 anuales (US$ 97.100). A partir de ese límite, los sujetos obligados deben requerir el origen de los fondos utilizados. ‘Se eliminó la certificación contable y se la reemplazó por declaraciones juradas de origen y licitud de fondos’, señaló el organismo.
Además, se elevó el monto para elaborar el perfil del cliente para la compra venta de vehículos, que pasó de $ 60.000 millones (US$ 50.600) a $115.000.000 anuales (US$ 97.100). A partir de ese límite, los sujetos obligados deben requerir el origen de los fondos utilizados. ‘Se eliminó la certificación contable y se la reemplazó por declaraciones juradas de origen y licitud de fondos”, señaló el organismo fiscal.
> Lo aprobado: Jubilación y discapacidad
La Cámara de Diputados, además de aprobar en general por una amplia mayoría los proyectos impulsados por la oposición de incrementos de los haberes jubilatorios en un 7.2%, y el aumento del bono complementario de 70 mil a 110 mil pesos, también logró la extensión de la moratoria por dos años para que se puedan jubilar los que no tienen los 30 años de aportes. Y declaró la Emergencia en Discapacidad. Estas iniciativas, rechazadas por el Gobierno, deben ser aprobadas por el Senado para convertirse en ley aunque el Poder Ejecutivo ya adelantó que vetará todo lo que ponga en riesgo el equilibrio fiscal. Desde el Gobierno anticiparon el veto a los proyectos jubilatorios y de Emergencia en Discapacidad porque sostienen que genera un impacto fiscal de 12 mil millones de dólares, es decir, 1,8 del PBI.
Por otra parte, en la maratónica sesión, se aprobó al proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre del 2026, pudiendo prorrogarse por un año más.
Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, quedó aprobada la iniciativa que recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.
En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
> Enojo con Diputados
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó y calificó como “dramático” que Diputados haya dado media sanción al aumento para jubilados y a la extensión de la moratoria. Detalló que “casi 4 millones de personas se jubilaron por moratoria” durante el kirchnerismo.