El municipio bonaerense habilitó un esquema de cobro para el tránsito pesado que utiliza un corredor clave hacia el parque industrial y el Puerto de San Nicolás. Empresarios y transportistas cuestionan la medida y piden suspenderla.
El arco de pesaje instalado sobre el ex Camino Provincial Ruta 87 es el único ingreso habilitado para camiones al partido de Ramallo
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Una fuerte polémica se generó en Ramallo, provincia de Buenos Aires, por un esquema municipal que contempla el cobro de una Tasa de Tránsito Pesado de hasta $37.000 por cada ingreso de un camión al distrito. La medida alcanza a un tramo de apenas 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás.
El sistema fue cuestionado por entidades empresarias y del transporte, que presentaron reclamos ante la Secretaría de Transporte de la Nación y solicitaron que se suspenda su aplicación. Entre las organizaciones que objetaron el esquema se encuentran la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).
La tasa establece un cobro de $37.000 por cada ingreso al partido, mientras que se contemplan $25.000 adicionales cuando el vehículo accede a una planta industrial o determinados predios. A esto se suma una tasa municipal equivalente al 2% del combustible comercializado en las estaciones de servicio del distrito.
El corredor involucrado es el ex Camino Provincial Ruta 87, conocido como Acceso Sánchez, y constituye el único ingreso habilitado para vehículos pesados al partido. La vía resulta estratégica para la actividad industrial y logística de la zona porque conecta con el Puerto de San Nicolás, uno de los principales puntos de salida de productos hacia el comercio exterior.
Desde el sector transportista sostienen que el esquema funciona, en los hechos, como un peaje por el ingreso al municipio y cuestionan su compatibilidad con las normas que garantizan la libre circulación de bienes entre jurisdicciones. FADEEAC pidió al Gobierno nacional que intervenga y evalúe medidas para frenar los cobros mientras se analiza la situación jurídica.
La Municipalidad de Ramallo, en cambio, sostiene que no se trata de un nuevo impuesto, sino de una tasa que existe desde 2002 y que hasta ahora era abonada únicamente por algunas empresas. Según explicó el municipio, la instalación de un sistema de pesaje permite extender el cobro a los vehículos pesados que ingresan al distrito.
El gobierno local también argumenta que la tasa tiene una contraprestación, vinculada con mantenimiento de calles, iluminación, demarcación, cartelería, corte de pasto y asistencia vial, además de la infraestructura prevista para los camioneros.
Otro de los puntos que genera controversia es que la operación del sistema fue concesionada por 20 años a una empresa privada. El contrato contempla la instalación de pórticos tecnológicos y un mecanismo de percepción del gravamen, con una participación del concesionario en la recaudación.
Según estimaciones difundidas por el sector empresario, el impacto económico podría ser significativo para las compañías que utilizan regularmente el corredor. FADEEAC calculó que el costo anual podría ubicarse entre $100 millones y $500 millones por empresa, dependiendo del nivel de actividad.
La discusión se da en medio del debate nacional sobre el costo logístico y la presión tributaria sobre las empresas, mientras los transportistas advierten que la eventual expansión de mecanismos similares en otros municipios podría incrementar los costos de circulación de mercaderías.
