Según las estimaciones oficiales del organismo, el padrón pasará de 5,5 a 5,4 millones de personas el próximo año. El impacto de la informalidad laboral, la derogación de las moratorias y la situación crítica del régimen de aportes independientes.
Un informe elaborado a partir de las proyecciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advierte sobre un cambio significativo en la dinámica previsional del país de cara al próximo año. Según las estimaciones oficiales, para el 2027 se registrará una reducción en la cantidad de jubilados, mientras que, en paralelo, crecerá de forma sostenida el número de personas que deban recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
De acuerdo con los datos del organismo, el padrón de jubilados se reducirá de 5.590.521 personas en 2026 a 5.485.761 en 2027, lo que representa una disminución neta de 104.760 individuos en el lapso de un año.
Por el contrario, la cantidad de beneficiarios de la PUAM —una cobertura destinada a personas de 65 años o más que no alcanzaron los 30 años de aportes requeridos y atraviesan una situación de vulnerabilidad social— aumentará de 220.308 a 253.032 titulares, sumando 32.724 nuevos beneficiarios. Cabe recordar que este haber equivale al 80% de la jubilación mínima más un bono extraordinario (ubicándose recientemente en $342.908 más los $70.000 de refuerzo). En la misma línea, los titulares del Seguro de Desempleo también registrarán un incremento, pasando de 118.868 a 130.324 personas.
La razón principal detrás de esta merma radica en los estrictos requisitos de acceso al sistema contributivo, que exige indefectiblemente 30 años de aportes registrados. La combinación de la pérdida de puestos de trabajo formales y el marcado crecimiento de la informalidad laboral dificultan que los trabajadores alcancen esa exigencia al llegar a la edad legal de retiro (60 años para mujeres y 65 para hombres).
Históricamente, las moratorias previsionales funcionaban como una herramienta para completar los períodos faltantes, pero al haber sido derogadas, quienes arriban a la edad jubilatoria sin los 30 años de aportes ya no cuentan con esa alternativa, empujando a una porción de los adultos mayores hacia coberturas asistenciales menores como la PUAM.
El panorama previsional se ve cruzado además por la baja sostenibilidad de los aportes independientes. Un estudio reciente realizado por la Fundación Mediterránea determinó que ninguna categoría del monotributo aporta hoy lo suficiente para financiar una jubilación mínima, advirtiendo que aun acumulando 40 años de aportes ajustados por inflación, ni siquiera los contribuyentes de la máxima categoría (K) logran cubrir el haber mínimo actual.
El informe detalla que el problema estructural nace de una brecha muy profunda en los aportes personales: mientras que un asalariado formal aporta en promedio el 11% de su ingreso, en los autónomos baja al 5% y en los monotributistas se desploma al 1,1%.
A esto se suma una alta concentración en las escalas más bajas: el 55% de los monotributistas activos se encuentra en la categoría A, y un 78% se distribuye entre las categorías A, B y C. Como resultado, un hombre de categoría A con 40 años de aportes financiaría apenas el 9% de una jubilación mínima, mientras que en la categoría K alcanzaría el 75% (en el caso de las mujeres, los porcentajes se reducen al 6% y al 50%, respectivamente).
Incluso contemplando un rendimiento real de los fondos por encima de la inflación, el estudio concluye que las falencias en la base de sustentación del sistema exigen replantear los mecanismos de ahorro y formalización laboral para evitar que el universo de futuros pasivos quede desprotegido frente a la exigencia de los aportes históricos.
