Los dirigentes de la asociación pretendían evitar que esta nueva denuncia de ARCA se investigara junto a la de evasión, por la que ya están procesados. El juez rechazó los planteos y avanza con medidas de prueba
La Justicia rechazó un planteo de la cúpula de la AFA para que una denuncia, por presunta facturación falsa y contrataciones dudosas de una veintena de proveedores, se investigue de manera separada a la de retención indebida de aportes por 19.000 millones de pesos.
En esta última causa ya están procesados Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros tres dirigentes del fútbol argentino, entre ellos el secretario general Cristian Malaspina.
La defensa de este último había reclamado que se declarara nula la decisión del juez federal en lo penal económico Diego Amarante de incorporar a la causa, por la falta de depósito de las retenciones en tiempo y forma contra la Asociación del Fútbol Argentino, una ampliación de denuncia impulsada por ARCA. Al planteo adhirieron las defensas del presidente de la AFA, Tapia, y del tesorero Toviggino. Sostienen que debería enviarse a sorteo para que intervenga otro juez.
El presidente de la AFA llegó en las últimas horas a Kansas, Estados Unidos, para sumarse a la concentración de la selección argentina, que se prepara para competir en el próximo Mundial. Si bien tiene prohibido viajar al exterior, la Justicia autorizó expresamente su salida del país.
A raíz de la denuncia de ARCA se amplió la investigación a nuevos delitos como presunta evasión agravada -por la utilización de facturación apócrifa- del Impuesto a las Salidas No Documentadas, por los períodos fiscales 2024 y 2025, por la suma que asciende a $289.336.519,66; y comenzó a investigarse la posible configuración de una asociación ilícita fiscal.
Las defensas sostuvieron que la nueva presentación del organismo recaudador introdujo “hechos, tributos, períodos fiscales y figuras penales completamente distintos” a los investigados originalmente en el expediente, por lo que consideraron que no podía tramitar como una mera “ampliación de denuncia”, sino que debía abrirse una causa nueva y sortearse otro juzgado.
Se habló incluso de posible “forum shopping” y se advirtió que mantener el caso en el mismo juzgado vulneraría la garantía del juez natural y el derecho de defensa. “La acusación carece de una individualización concreta de las conductas atribuidas a cada acusado”. La querella de ARCA reclamó desestimar el planteo y lo atribuyó a un nuevo intento para “dilatar” el avance de la investigación, que ya cuenta con impulso de la fiscalía.
El juez Amarante rechazó los argumentos de los acusados y confirmó que se investigará todo como parte de una misma denuncia, porque los hechos presentan “puntos de conexión relevantes” con la causa ya abierta, al involucrar “a la misma contribuyente y las mismas personas humanas que ya se encuentran sometidas a proceso”.
“No puede afirmarse, como pretenden las defensas, que el desglose y remisión a sorteo constituyera la única respuesta procesal posible”, y afirmó que la intervención de su juzgado resulta “compatible con las reglas de conexidad, con razones de celeridad y economía procesal”.
Se descuenta que es otro planteo que llegará apelado a la Cámara en lo Penal Económico, que tiene a estudio los procesamientos de Tapia, Toviggino y demás acusados por el no depósito de los aportes retenidos y, además, otro de reparación integral del daño con que las defensas pretenden cerrar el caso.
El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial amplió semanas atrás la acusación, tras la denuncia que aseguró que la AFA utilizó proveedores presuntamente falsos entre 2024 y 2025. El monto investigado asciende a $289.336.519,66, aunque la determinación de oficio fijó una base imponible total de $916.527.614,05, y un ajuste a favor del fisco de $320.784.664,61, más intereses y multas.
Navas Rial recordó en su dictamen, al que tuvo acceso Infobae, que ARCA argumentó que la nueva denuncia -más los cargos por los que ya están procesados los dirigentes futbolísticos por retención indebida de aportes- serían suficientes para investigar un nuevo delito, la presunta existencia de una “asociación ilícita fiscal”.
La fiscalía pidió medidas de prueba y concluyó que en la denuncia se alude a 24 proveedores, cuyas operaciones y pagos fueron cuestionados. Se mencionaron proveedores inexistentes o no localizados, falta de estructura operativa, ausencia de empleados y bienes, inconsistencias bancarias, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí. También “circuitos comerciales cerrados”, cheques con múltiples endosos y empresas que facturaban actividades ajenas a su objeto social.
Como ejemplo se mencionó a Central Hotel S.R.L., que facturó $9,6 millones por “obras realizadas en el predio Ezeiza” pese a estar inscripta en actividades hoteleras. También a Capadoccia S.R.L., que habría emitido facturas por más de $56 millones sin poder justificar capacidad operativa, y a Prussian Blue S.R.L., vinculada a supuestos servicios digitales pese a que sus integrantes, según la denuncia, realizarían trabajos ocasionales y carecían de conocimientos técnicos.