Una revisión de haberes de enero abrió una cadena de decisiones internas. Meses más tarde, un nombre inesperado cambió el tono del expediente. Ahora conviven la denuncia penal y una falta “gravísima” que se encamina a terminar en una decena de destituciones.
Armada Argentina.
Foto:
La investigación por una presunta maniobra de desvío de fondos en la Armada Argentina comenzó con una irregularidad que, en principio, parecía administrativa. A comienzos de febrero de 2026, una teniente detectó que cinco agentes habían recibido suplementos salariales que no les correspondían y comunicó la situación a la Jefatura de Administración Financiera.
A partir de ese episodio se inició una revisión de períodos anteriores que permitió detectar 645 acreditaciones indebidas a 23 beneficiarios, por un monto histórico de $981.148.567,88, correspondientes al período comprendido entre julio de 2022 y enero de 2026. La propia fuerza presentó una denuncia ante la Justicia Federal.
De acuerdo con la investigación interna, las irregularidades se producían en una etapa posterior a la liquidación habitual de los salarios. Los archivos que contenían las órdenes de pago al Banco Nación podían ser modificados antes de su transmisión.
Según la reconstrucción incorporada al expediente, se podían aumentar temporalmente los importes correspondientes a determinados empleados o incluso incorporar nuevos registros con datos de personas que no tenían relación laboral con la Armada.
Luego, algunos de esos registros eran restituidos a sus valores originales. De esta manera, el monto efectivamente transferido podía no coincidir con el que aparecía posteriormente en el recibo de haberes, lo que dificultaba detectar las diferencias mediante los controles habituales.
El área involucrada administraba la liquidación de haberes de unas 24.500 personas, con movimientos mensuales que actualmente rondan los $65.000 millones. En ese universo se detectaron los pagos cuestionados durante más de tres años.
El punto de inflexión se produjo en agosto, cuando la misma oficial que había detectado las primeras inconsistencias encontró una acreditación a nombre de María del Carmen Prieto, quien no pertenecía a la Armada y era esposa del entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff.
A partir de ese descubrimiento, Atanasoff fue apartado preventivamente y se preservaron los equipos informáticos utilizados para preparar y transmitir los archivos de pago. La revisión posterior permitió retroceder hasta julio de 2022 y reconstruir el mecanismo denunciado.
Entre los beneficiarios identificados aparecen militares, empleados civiles y cuatro personas que no tenían relación laboral o funcional con la Armada. Esas cuatro personas concentraron $434,2 millones, equivalente al 44,25% del monto histórico detectado.
La investigación interna señala a Atanasoff como una figura central de la operatoria. Según la documentación incorporada a la denuncia, durante las actuaciones administrativas habría reconocido conocer las acreditaciones realizadas a personas externas a la fuerza y haber intervenido personalmente en las modificaciones. La Justicia deberá determinar ahora el alcance de esas responsabilidades.
Tras detectar las irregularidades, la Armada modificó el circuito utilizado para pagar los salarios. Se separaron las tareas de liquidación, acreditación bancaria y conciliación, con el objetivo de incorporar controles independientes.
El 15 de septiembre, la fuerza formalizó la denuncia penal. Al día siguiente, el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, dispuso apartar de sus funciones a los militares alcanzados por las actuaciones e inició una investigación disciplinaria por una falta considerada “gravísima”.
Hasta el momento de la denuncia habían sido restituidos $42.574.267,63. Por lo tanto, sobre el monto histórico de casi $981 millones detectado, quedaban más de $938 millones pendientes de recuperación. La devolución de dinero no modifica el monto total de las acreditaciones consideradas irregulares.
Ahora, la Justicia Federal deberá establecer cómo funcionó el mecanismo, quiénes participaron y cuál fue el destino de los fondos. En paralelo, la Armada avanza con el proceso disciplinario que podría derivar en las máximas sanciones previstas para los militares involucrados.
