El conflicto docente que atraviesa la Universidad Nacional de San Juan ha escalado a niveles preocupantes. La huelga impulsada por ADICUS, que ya lleva varios días de paralización, no solo amenaza con extenderse en el tiempo -incluso durante abril-, sino que ha comenzado a generar un impacto profundo en toda la comunidad educativa, especialmente en los colegios preuniversitarios.
La medida de fuerza, iniciada el pasado 16 de marzo, se inscribe en un contexto nacional de fuerte deterioro salarial docente y de tensiones por el presupuesto universitario. Los números que esgrimen los gremios son contundentes: una pérdida cercana al 50% del poder adquisitivo y un deterioro acumulado que supera el 30%. Se trata de una situación que, sin dudas, afecta la calidad educativa y justifica el reclamo. Sin docentes bien remunerados, no hay sistema educativo que pueda sostenerse.
Sin embargo, el conflicto ha comenzado a mostrar una cara igual de preocupante: la interrupción prolongada del servicio educativo. En los institutos preuniversitarios -como la Escuela Industrial Domingo F. Sarmiento, el Colegio Central Universitario Mariano Moreno y la Escuela de Comercio Libertador General San Martín- la situación ha generado creciente malestar. Los alumnos fueron convocados a los actos de inicio de ciclo lectivo, pero en muchos casos no han tenido clases efectivas desde entonces.
Este escenario ha encendido la alarma entre los padres, quienes ya han comenzado a organizarse y exigir respuestas. La solicitud de garantizar al menos el 75% del servicio educativo, en línea con la normativa que considera a la educación como servicio esencial, introduce un elemento nuevo en la discusión. No se trata de desconocer el derecho a huelga, sino de compatibilizarlo con el derecho de los estudiantes a recibir educación.
El riesgo de judicialización del conflicto -a través de un eventual amparo colectivo o la intervención de la Defensoría del Pueblo- refleja hasta qué punto se ha tensado la situación. Cuando los desacuerdos salen del ámbito institucional y pasan a los tribunales, el sistema en su conjunto pierde.
La universidad pública ha sido históricamente un pilar de movilidad social y desarrollo. Por eso mismo, los conflictos que la atraviesan requieren soluciones urgentes y responsables. El reclamo docente es legítimo y debe ser atendido. Pero también lo es la preocupación de las familias y el derecho de los alumnos a no ver interrumpido su proceso educativo.
La salida no puede ser la prolongación indefinida del conflicto. Es imprescindible que las autoridades universitarias, los gremios y el Estado nacional encuentren un punto de acuerdo que permita recomponer salarios sin seguir afectando a quienes menos responsabilidad tienen en esta disputa: los estudiantes.