La aprobación legislativa del fideicomiso minero acordado entre el Gobierno de San Juan y la compañía Vicuña constituye un paso decisivo para poner en marcha uno de los compromisos económicos más relevantes vinculados con el desarrollo de la minería provincial. Los US$ 250 millones comprometidos por la empresa tendrán ahora un mecanismo específico de administración, destinado a financiar obras de infraestructura consideradas estratégicas para la provincia.
El respaldo de la Cámara de Diputados permitió al Ejecutivo provincial completar una instancia necesaria para instrumentar el acuerdo alcanzado con la compañía. El contrato, firmado el pasado 7 de octubre entre el Gobierno y el Banco San Juan, establece que esta entidad tendrá a su cargo la administración de los recursos mediante un fideicomiso que busca garantizar que cada desembolso tenga un destino previamente determinado.
La importancia del instrumento no radica solamente en el volumen de los fondos involucrados, sino también en la posibilidad de transformar un compromiso económico de la actividad minera en obras concretas. La infraestructura será, en definitiva, una de las principales formas en que la riqueza generada por los proyectos mineros puede traducirse en beneficios permanentes para la sociedad sanjuanina.
El esquema contempla procedimientos que abarcan desde la convocatoria a licitaciones hasta la adjudicación, certificación y cancelación de los trabajos. Esa estructura resulta indispensable cuando se administran recursos de semejante magnitud y obliga a que cada peso o dólar destinado a una obra pueda ser identificado, justificado y auditado.
Precisamente, durante el debate legislativo surgieron cuestionamientos vinculados con los mecanismos de control, la transparencia y la participación de los departamentos mineros en las decisiones sobre los fondos. Las objeciones no deberían ser interpretadas como un obstáculo al desarrollo minero, sino como una advertencia sobre la necesidad de fortalecer los controles institucionales.
El oficialismo defendió las auditorías y los mecanismos de rendición de cuentas previstos, mientras la oposición reclamó mayores garantías. En una cuestión de esta naturaleza, ambas preocupaciones deben ser compatibles. El desarrollo de la minería necesita seguridad jurídica, pero también necesita legitimidad social, y esta última se construye con información, controles y transparencia.
La aprobación también volvió a exponer diferencias políticas dentro de la oposición y, particularmente, del peronismo, frente a una actividad que ha adquirido un peso creciente en la economía provincial. Más allá de esas disputas, el desafío inmediato será que el fideicomiso no quede reducido a una herramienta administrativa, sino que se convierta en un instrumento eficaz para mejorar la infraestructura.
San Juan tiene ante sí una oportunidad que no puede desperdiciar. Los US$ 250 millones deben traducirse en caminos, servicios, energía, agua y otras obras capaces de acompañar el crecimiento productivo. Para lograrlo será imprescindible administrar con eficiencia, controlar con rigor y rendir cuentas con absoluta claridad. La minería puede generar riqueza; el verdadero desafío consiste en convertirla en desarrollo duradero para todos los sanjuaninos.