Por Mario Alfredo Luna - Abogado y Expresidente del Concejo Deliberante de Jáchal
Por Mario Alfredo Luna - Abogado y Expresidente del Concejo Deliberante de Jáchal
El ponderado superávit fiscal con el fin de pagar la deuda financiera del Gobierno Nacional, alegado a los cuatro vientos en base a datos de la contabilidad pública del estado, ha sido blindado a toda posibilidad de discutir otros destinos de ese superávit fiscal, como es el destino de tipo social. Ante la clausura de la posibilidad de ver otras alternativas, se priva de analizar si solo el sentido financiero como destino único tal como se lo ha diseñado, es sustentable desde el punto de vista de la legitimidad social. Es decir, la perspectiva del actor estatal, tiene lacrado el camino del posible destino alternativo del superávit, por ende saca a la finalidad social como soporte para robustecer con legitimidad ciudadana a dicha herramienta de contabilidad pública. Es decir, no se plantea que asociando al superávit fiscal con una finalidad social también puede apuntalar la consolidación de la macroeconomía argentina, que nadie niega como objetivo de conseguir.
La administración nacional económica y financiera está sentada en el logro del superávit fiscal como base axial para fortalecer el "ahorro" para el pago de deuda y la reducción de la inflación.
De modo que no se abre a la posibilidad de otra mirada de donde podría derivarse destinar una cuota parte del superávit a lograr una recomposición de jubilaciones (visión social), considerando la proyección de crecimiento del 3% para 2026.
La visión oficial y de los formadores de opinión financiera solo privilegia mantener y profundizar el (1) superávit fiscal, (2) bajar la inflación desde un óptica ortodoxa de abrogación de todo estímulo fiscal monetario, y (3) de consolidar una baja del riesgo país.
El argumento de hierro es que si no se consolida la macroeconomía, la micro no puede desarrollarse adecuadamente. Pero lo que no se advierte es que también el superávit se debe a una quita de las jubilaciones en términos reales desde que no se actualizan al valor de mercado.
Entonces, destinar una fracción del resultado positivo del superávit, por una parte, es devolver lo que se quitó por otra vía, esto es por la vía de la contracción abrupta del gasto y la no actualización del poder de compra del ingreso. Si ello ocurriera no se afectaría el superávit en su totalidad, sino que sería compartido con el sector acreedor de la deuda pública argentina, por ejemplo. En concreto, están dadas las condiciones para destinar una proporción al pago de la deuda y otra para pagar algo de la deuda social, al estilo de una reparación histórica a jubilados.
Lo que debería entenderse es que la macroeconomía vista solo desde lo financiero podría, si se va al extremo de su cerrazón, al final del día, fallar. Porque la microeconomía de lo social, por ejemplo, la de los jubilados, sería sacrificada al punto de echar por tierra la importancia primordial de la base humana de los programas financieros oficiales, cualquiera sea la impronta doctrinal.
El destino de los márgenes del superávit fiscal, visto desde una visión economicista, o solo financiera de pago a los acreedores de la deuda pública, no mira la historia real del país, de donde se extrae la enseñanza de que, aun los más refinados y puntillosos planes de la ingeniería financiera diseñados para sostener la macroeconomía a toda costa, pueden perder legitimidad per se, si desperdician la noción natural de justicia social. No por hacer acción ideológica subestimando la justicia social ésta puede derogarse de la subjetividad y la necesidad cotidiana de la base humana de toda economía. Y esta idea de equilibrio en compartir frutos fiscales comunes es a-ideológico, porque vale para todo modelo de estilización de los hechos de gobierno.
El mensaje de la política oficial basado en el pago de deuda pública como único destino de la totalidad del superávit fiscal implica la entronización excluyente de un solo objetivo de gobierno. Sin advertir que incurre en un error de enfoque, porque un gobierno debe compartir y hacer coexistir los objetivos a administrar en un marco de equilibrio de las demandas heterogéneas que le reclaman soluciones.
En cambio, si el mensaje oficial fuera de integrar en una fórmula de equilibrio las prioridades diversas del destino del superávit fiscal, ello no debería encontrar rechazo en los acreedores del pago de la deuda o grandes operadores del mercado porque son agentes racionales del mercado que podrían cualificar la conciencia de su interés exclusivo pero combinado con el de otros sectores. Y así abrirse a la solidaridad social sin quedarse afuera de la satisfacción de su interés, pero moderado con el resto de los sectores. Compartiendo, de eso modo, el esfuerzo de cada uno en armonía con los otros intereses legítimos en pugna.
Si la premisa de conducción del gobierno fuera de procurar un equilibrio entre sectores que están llamados al esfuerzo pero también a compartir los frutos, por modestos que sean, el ecosistema social irradiaría energías positivas basado en que vale el esfuerzo compartido porque ningún sector se cortaría solo en el beneficio total del saldo final del sistema económico.
En definitiva, debería hacerse un esfuerzo oficial para comprender que tan importante como los objetivos técnicos son los objetivos sociales, donde ambos deben compaginarse en una fórmula superadora. Porque sin el apoyo de la personas que no pertenecen por estructura social al sector financiero institucional, o de los jugadores del gran mercado del crédito y la deuda, no hay ni macroeconomía, ni microeconomía, ni finanzas que puedan sostenerse en el largo plazo. Así las cosas y equilibrada debidamente la ecuación planteada, el desafío siempre será para desarrollarse todos en un ecuánime marco de armonía donde los demandantes de la satisfacción de sus legítimos intereses se vean reconocidos mutuamente en un destino común.
