Está planificado como un megaplan de urbanización, pero en realidad es una reparación histórica dentro de una acción de fuerte contenido social, con la que se quiere beneficiar a más de 3,5 millones de personas radicadas en más de 4.000 villas o asentamientos precarios de todo el país. El plan consiste en expropiar todas aquellas tierras en las que hay villas de emergencia para otorgárselas a sus habitantes en carácter legal y definitivo a fin de que en un futuro próximo el mismo gobierno pueda encarar algún plan de vivienda en terrenos en los que hasta ahora no podía ingresar.

Esta regularización dominial debe ser aprobada por el Congreso Nacional, pero en el Gobierno confían en que esto será solo un trámite ya que están seguro que la oposición no podrá negarse a apoyarlo.

La propuesta está avalada por un relevamiento que demoró un año y medio y que determinó que en Buenos Aires hay 1.656 asentamientos precarios, lo que la convierte en la jurisdicción más importante. La siguen provincias como Santa Fe (333 asentamientos); Chaco (264); Misiones (246); Mendoza (217) y Tucumán (186). Entre las provincias con menos villas está La Pampa (4 asentamientos) y Santa Cruz, con 5.

La provincia de San Juan cuenta con 31 asentamientos que entrarán en el plan, según el relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social realizado en forma conjunta con organizaciones sociales como Barrios en Pie, Techos y Cáritas Argentina, entre otras. La mayoría de ellos están ubicados en los departamentos más populosos como Rawson, Chimbas y Santa Lucía, pero también hay otros que están en zonas alejadas y que no pudieron ser incluidos en el plan de erradicación de villas del Gobierno de la provincia que, en su momento fue modelo a nivel nacional, por dar solución a uno de los temas más acuciantes que es el de la vivienda propia para gente que vive en estado de precariedad.

Para evitar conflictos o la toma masiva de terrenos, se ha previsto trabajar solo con los asentamientos censados al 31 de diciembre de 2016.

El Gobierno nacional pretende con esta acción reivindicar a millones de personas que por diversas circunstancias no han tenido acceso a la vivienda social y que han tenido que radicarse en algunos de los tantos asentamientos que hay en el país. Se trata de una medida que llevará tranquilidad a cientos de miles de familias que viven en situación de marginalidad y a los propietarios de los terrenos que se encuentran usurpados u ocupados, quienes de esta forma podrán recuperar sus inversiones.

Siempre y cuando el gobierno no demore la implementación de planes de viviendas en esos terrenos la medida cumplirá con la expectativa que ya está generando.