¿Con quién hago el pacto? Fue la pregunta del presidente Alberto Fernández en el cierre de la II Jornada de Políticas Públicas organizada por la Universidad Austral (23-9-2020). Se refería a la necesidad de convocar a un gran Acuerdo social. "Yo quiero hacerlo, ¿pero con quién lo hago?". 

Sus palabras describen la debilidad de nuestra sociedad en general y, en especial de la clase política para generar consensos. Y esa debilidad impacta en el corazón de aquello que llamamos "gobernanza". Término que se difunde después de la caída del muro de Berlín (1989) cuando surge el nuevo orden global que requerirá otras configuraciones en las relaciones de poder. También fue el tema central del primer panel de la Jornada de la Universidad Austral: "La Gobernanza pospandemia". 

Aclaro que no hablo de gobernabilidad. La gobernabilidad es la capacidad de administrar que tiene un gobierno apoyado en la legitimidad y en la eficacia. La gobernabilidad es un concepto centrado en el gobierno como agente principal de conducción. Mientras que la gobernanza hace referencia a las formas en que el gobierno interactúa con la sociedad civil. Es una noción que se construye mirando no tanto al poder, sino a los ciudadanos. Esta interrelación que promueve ciudadanías participativas, genera mayores niveles de confianza. Asociación de conceptos que se expresa en el vocablo gobernanza: gobierno más confianza. La ecuación es simple. A mayor participación, mayor gobernanza.

Ahora bien, esta interrelación entre gobierno y ciudadanos requiere escenarios favorables para el diálogo. En primer lugar, un clima de amistad social en la búsqueda de consensos. Y, en segundo término, el ejercicio garantizado de derechos relacionados con la participación ciudadana. Derechos tales como la libertad de expresión, de asociación y de petición, ejercidos por carriles institucionales adecuados. En ese sentido, los escraches a funcionarios y jueces en sus domicilios particulares, rompen una barrera que ninguna causa puede justificar. Principios clásicos de la Moral enseñan que el fin bueno nunca justifica una acción moralmente reprochable. En el fondo constituyen formas cercanas a la intimidación, impropias de la participación ciudadana en sociedades democráticas.

Por otro lado, la escalada de violencia verbal en quienes son protagonistas de un posible Acuerdo, obstaculiza el diálogo y ahonda la fragmentación social. Veamos un episodio que grafica este punto y que pasó desapercibido. En el mismo discurso donde el Presidente se muestra a favor del Acuerdo social, califica a los ciudadanos que se manifiestan los sábados, como "banda de tipos impulsados por la oposición a decir locuras". En esta expresión hay dos dificultades para avanzar en el diálogo. En primer lugar, simbólico. Porque banda, en el contexto de la frase, pareciera referirse a una pandilla de ciudadanos transgresores de la ley. Las palabras no son ingenuas, tienen significado y destino. Podemos disentir con el contenido o formato de los reclamos, pero no pareciera que estas palabras ayuden en la búsqueda de consensos. En segundo término, por la subvaloración a la autonomía de pensamiento de la sociedad. Los ciudadanos que reclaman en las plazas no son testaferros de la oposición. Son personas con ideas, principios y creencias a partir de las cuales elaboran juicios de valores y se posicionan frente a los temas. 

El protagonismo social es un fenómeno que no debería minimizarse ni ser mirado bajo la lógica reduccionista de amigo/enemigo. La sociedad hoy se muestra reticente a la unilateralidad directiva de un gobierno y precisa otras categorías para sentirse incluida en la dinámica relacional con el Estado. Categorías apartadas de visiones gerenciales de la administración de la cosa pública, que lejos de temer la participación ciudadana, la promueven como un nivel superior de la democracia. 

Por Miryan Andújar
Abogada, docente e investigadora
Instituto de Bioética de la UCCuyo