Todos los años puntual y exacto llaga el inevitable pago de la cooperadora escolar en el momento de las inscripciones en los colegios públicos de gestión estatal y privada. Esto no debe realizarse en forma coactiva sino que significa desde la raíz misma de su nombre: solidaridad y cooperación. Muchas veces no se incluyen entre otros factores de desgranamiento y deserción escolar el monto que tienen que abonar quienes inscriben a sus hijos en los establecimientos educativos. Si a esto añadimos el costo de uniformes y útiles escolares, los bolsillos resultan escasos para tanta demanda.

Lo cierto es que la cooperadora, también denominada institución periescolar, está formada por un grupo de voluntarios que maneja los fondos. De la claridad de las acciones de cada uno de sus integrantes, de la cifra recaudada, del destino oportuno y correcto que se le de a lo reunido depende la credibilidad y confianza de la comunidad escolar toda entendida como directivos, docentes, alumnos y padres.

Las cooperadoras no pueden ser organismos fantasmas que infundan temor y exclusión a quienes no puedan abonarla, pues hay un estado de crecimiento de pauperización que no hay que esconder y esa realidad puede tener diversas formas de solución a través de la participación activa de autoridades, maestros, profesores, estudiantes y egresados para solucionar este conflicto sin alterar el ritmo educacional.

No todo puede dejarse en manos estatales, pero lo cierto es que las cooperadoras están en la mirada de ese público interno de cada escuela que son los progenitores y los educandos porque así como hay instituciones ejemplares han habido abusos y eso debe corregirse.