El presidente de la Corte de Justicia, Guillermo de Sanctis, está a punto de dar un paso trascendental en el Poder Judicial de San Juan, le guste o no a ocasionales e históricos detractores. El titular del máximo tribunal por primera vez expondrá ante sus "dirigidos" un plan de trabajo con plazos. Nunca antes un presidente de la Corte había trazado líneas de conducción y mucho menos se había atrevido a comunicarlas al resto, con el desafío de la evaluación pública que esa acción provoca. No hay que olvidar que este Poder Judicial, y especialmente la conformación anterior de la Corte, se llenó de parientes y amigos del poder, exculpó a corruptos y hasta se dio el lujo de perdonar a los responsables históricos de la masacre que significó no haber tenido Justicia por dos décadas seguidas. Ese poder del Estado sufre un cambio por estas épocas y hay que reconocerlo. Lo de De Sanctis, probablemente algo excedido en su vanidad, es en definitiva un paso para aplaudir. Ojalá que no se termine con su Presidencia. 

Hay una investigación que probablemente sirva como testigo clave de la parsimonia que sufrió la Justicia durante muchos años: la denuncia de Eduardo Fornasari contra Hugo Naranjo, en febrero de 2009. En lo que debería llamarse la estafa más grande del siglo, el imputado procesado Hugo Naranjo, de vastos antecedentes en la provincia como empresario fallido y deudor incobrable, pretendió quedarse mediante una sofisticada ingeniería legal, abuso de confianza mediante, con un patrimonio de 5 millones de dólares por el pago mínimo de 200 mil pesos.

Según fuentes judiciales, los hechos más o menos fueron así: la firma Escobar Sacifi había decidido fundar otra sociedad comercial para explotación agropecuaria y la crianza de cerdos invirtiendo para ello un total de 5 millones de dólares entre la compra de un terreno en 9 de Julio de algo más de 71 hectáreas como base territorial de otras inversiones. Se le dio el nombre de Campo Fértil SA. En el año 2004, Campo Fértil vendió sus acciones a la firma Grupo Agropecuario Argentino supeditando la entrega de los bienes al cumplimiento total de las obligaciones pactadas (cuotas) por el comprador, unos 5 millones de dólares.

El nuevo dueño, Grupo Agropecuario, propuso como fiscalizador de las operaciones a Naranjo, lo que parecía adecuado por ser Naranjo hasta ese momento empleado de Escobar, el natural interesado en cobrar y, además, de que las cosas se hicieran bien. Aquí comienza la estafa maestra. El comprador otorgó a Naranjo un poder amplio y absoluto de administración, concediéndole todas las facultades excepto la disposición (venta). Por razones que conocerán los implicados, esa cláusula fue misteriosamente levantada y luego, en abuso de sus facultades y con el aval de esa escritura, Naranjo se vendió a sí mismo, personalmente, el bien en apenas 200 mil dólares (pesos-dólares) en una escritura pública cuya nulidad se está reclamando en el juicio. Luego hay una serie de acciones semejantes a las de lavado de activos, alquileres, ventas parciales etc., donde aparece una nueva firma llamada Agroceres Pic, otro integrante de esta danza enredada como ocurre con todas las estafas. En su defensa Naranjo argumentó que él no vendió porque su firma no figura en el contrato de compra-venta pero, lo que es lógico porque él no formaba parte de la sociedad vendedora, era sólo una especie de administrador-apoderado. 

Hoy la causa está elevada a juicio, pero como ya pasaron diez años no se sabe dónde están los imputados. Se cree que Naranjo está en Chile y que dos imputados más están en Buenos Aires. Lo curioso es que Naranjo tuvo durante todo el proceso una vida pública muy notoria. De un día para el otro se convirtió en propietario de medios, los que ofrecía por muy poco dinero. E, incluso, se sabía de sus continuos viajes al exterior. Es decir, el denunciante, que tuvo que vivir diez años completos sabiendo de las andanzas de alguien que le había hecho daño, hoy debe bancarse que esa persona siga con su vida y muy probablemente hacerse de la idea de que esa Justicia no le llegará jamás. Naranjo tiene hoy alrededor de setenta años y está enfermo. Probablemente nunca sea juzgado.

Como el caso de Naranjo, hay cientos, más o menos famosos. Por eso es importante que el presidente de la Corte salga a dar la cara y que se anime a trazar líneas de trabajo, similar a lo que hace la Suprema Corte de la Nación o los titulares de los poderes ejecutivo nacional y provinciales cada vez que inauguran un período ordinario de sesiones. Todos tienen que rendir cuentas, los jueces también.