La Asignación Universal por Hijo, implementada recientemente por el Gobierno nacional, nos obliga a plantearnos si fue meramente una reacción política ante la oposición o si, en cambio, responde a un marco de políticas sociales planificadas.
Para tratar de responder esta inquietud, se analizarán las políticas sociales de los ’90, y luego se describirá un sistema alternativo de políticas sociales, que están siendo discutidas en organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En los ’90 se diagnosticó que el principal causante del bajo crecimiento de la economía era el Estado, en su doble rol de asignador de recursos vía subsidios y como agente productor de bienes y servicios. En base a esa evaluación se receptaron para los países latinoamericanos medidas de reducción de la intervención del Estado en la economía y del tamaño del Estado, transfiriendo a otros actores responsabilidades y actividades, lo que sumado a otras medidas tales como la apertura de la economía, terminarían por incentivar a la inversión externa, creándose un círculo virtuoso de crecimiento de la economía. Este crecimiento de la economía cerraría su ciclo virtuoso derramando sobre todos los actores de la economía los beneficios del crecimiento, por lo que las políticas sociales se reducen básicamente en atender aquellos grupos marginales, a quienes el efecto derrame tarde en llegar. Esto es el soporte de las llamadas políticas focalizadas que invadieron los ’90. Sin embargo, el resultado del proceso fue bien distinto, el efecto derrame no llegó profundizándose la principal patología que afecta con dureza a Latinoamérica: la desigualdad.
Las principales herramientas de políticas sociales en los ’90 utilizadas fueron: la desestatización, la descentralización, y la focalización, que en conjunto operaron como método de mercantilización de los servicios sociales. La desestatización consistió en la transferencia de actividades a empresas privadas (transferencias de servicios públicos, con creación de mecanismos reguladores de control), la descentralización , en el traspaso de responsabilidades del Estado nacional a los estados subnacionales (las provincias), en el caso de Argentina, la educación y los hospitales, promoviendo con ello la desuniversalización de la política social, operando en forma de mayor desigualdad, por diferencias en la gestión de servicios sociales. Por último, la focalización implicó un cambio de objetivo de la política social, del ciudadano a un grupo o sector (población objetiva).
Ante estas políticas sociales de los ’90, se plantea como alternativa, una política social universalista, orientada por derechos ciudadanos, que aseguren un piso mínimo de prestaciones, partiendo del diagnóstico que el principal problema social es la creciente desigualdad. Estas políticas sociales se encuentran haciendo sistema con la economía, compartiendo objetivos, esto es maximizar el Desarrollo Humano, entendiendo por tal un desarrollo integral de la persona, que traspasa los límites del crecimiento material. Este nuevo núcleo de políticas sociales requiere una serie de requisitos:
1) Jerarquización del Estado como principal agente de lo público y de políticas sociales.
2) Sustento fiscal del Estado.
3) Reforzamiento del sistema de rendición de cuentas.
4) Sociedad civil más fuerte.
5) Adecuación del sistema político, para llevar a cabo las reformas de política social necesarias.
Volviendo sobre la pregunta que nos motiva el presente análisis, concluimos que la Asignación por Hijo se encuentra en línea con las nuevas políticas sociales universalistas propuestas. Sin embargo estamos lejos de asegurar que las mismas conformen un juego de políticas sociales integradas, en tanto no se cumplan con los requisitos planteados como necesarios.