Pocas cosas han pasado en el último tiempo que se puedan comparar con el escándalo de la contratación de los seguros para empleados del Estado, escolares y movilidades del Gobierno de San Juan. El caso del famoso Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) es sin duda alguna la piedra en el zapato de la anterior gestión y, si no actúan rápido, también lo será de la actual. Hay que ser justos y claros a la hora de señalar culpas: esta gestión terminó con el negocio, la anterior lo favoreció, lo creó. Y si de comparaciones se trata, tal vez esto sea tan escandaloso como los millones de más que pagó el Estado por las llamadas expropiaciones fraudulentas, porque más allá de los montos o la mecánica del negocio, que pueden variar en uno u otro caso, es evidente que actuó el establishment. El establishment es ese pequeño grupo de personas cuyas relaciones sociales o económicas pueden más que sus obligaciones de funcionario público, personas enquistadas en el Estado, en los tres poderes, y afuera también. Jueces protegieron a los presuntos culpables en el caso expropiaciones y, por lo que se ve hasta ahora, hubo funcionarios de planta y políticos del Ejecutivo que hicieron lo mismo con el IAPSER. ¿Nadie se dio cuenta que se pagaban millones de más? ¿Qué hacía el Tribunal de Cuentas, los controladores fiscales, delegados fiscales y funcionarios de turno? 


La piedra la puso este medio al anunciar en diciembre del año pasado que había intenciones del Ejecutivo en salir a licitar los seguros para sus empleados, porque suponían que al presentarse varias empresas podían lograr alguna ventaja a favor de las arcas del Estado. Incluso, según se conoció después, hubo varios empresarios locales que formalmente, a pesar de que aún no había licitación, ofrecieron montos muy inferiores a los que se pagaban por aquélla época. Finalmente decidieron licitar y como se suponía, todas las ofertas estuvieron por debajo de lo que se le pagaba por agente estatal al IAPSER. 


El pago de la ART se calcula sobre un porcentaje de la masa salarial. El IAPSER le cobraba a la provincia el 4,19 por ciento de los sueldos a los estatales, más un 15 por ciento para los agentes de la Policía. Provincia Art, la aseguradora de la provincia de Buenos Aires, ganó la licitación que lanzó la gestión de Sergio Uñac con una propuesta de 1,5 y 5,705 por ciento, respectivamente. Una de las cosas que más llamó la atención fue que el Seguro de Entre Ríos se presentó a la licitación, a pesar de que varios le aconsejaron no hacerlo. No solamente se presentaron sino que hicieron ofertas muy por debajo de lo que ellos mismos estaban cobrando: 2,4 para los empleados estatales y 6,5 por ciento para la Policía, a pesar de su +esfuerzo+ fue la oferta más alta y quedó sin chances, obviamente. En 2016 la provincia pagó 461,5 millones de pesos, con la licitación de este año pagará 162,5 millones de pesos para el mismo servicio. Es decir que habrá un ahorro de 299 millones de pesos.

 

¿Ahorro? ¿Quién negoció con el IAPSER? ¿Cuánto se pagó de más desde 2005 a la fecha? Evidentemente o alguien no sabe negociar a favor del Estado o hay un negocio espurio de unos 300 millones de pesos al año.

Multiplicando ese monto por 12, que es la cantidad de años en los que se contrató de manera directa a los entrerrianos, se puede decir que se pagaron de más unos 3.588 millones de pesos. Supongamos que en años anteriores el negocio era más chico, porque como todo, los incrementos se han ido negociando año a año y no se pagó lo mismo en 2005 que en 2016. Igual se puede fantasear con miles de millones, o con cientos de millones. Además, no hay que olvidar las comisiones. Hay comisiones que se pagan a los agentes que consiguen este tipo de negocios que orillan el diez por ciento. Es decir, mientras crece el monto del contrato, mayor es la comisión. Una comisión de 300 millones, son 30 millones. Una comisión de 3.588 millones, son 358 millones de pesos. Para colmo, esa es la legalidad, lo correcto, lo que nadie objetaría. Quién se llevó esa plata la tiene segura, porque a la luz de la Justicia, se la llevó "en buena ley". 


En el caso de las expropiaciones fraudulentas, los montos son distintos, casi fueron bebés de pecho se puede arriesgar: si bien nunca se llegó a calcular y difundir una cifra total, en algunos momentos en Fiscalía de Estado y en Tribunales estimaban que se habían pagado unos 200 millones de pesos de manera irregular. Y habían juicios frenados como el del Parque de Mayo, por ejemplo, que reclamaban unos tres mil millones de pesos. Por este chiste hay 16 procesados, entre jueces, empleados de Fiscalía de Estado, del Tribunal de Tasaciones y abogados. El caso se denunció en 2008 y costó horrores para que alguien se hiciera cargo de la investigación.

 

Todos en Tribunales argumentaban amistad con los imputados, lo que en la práctica es una gran mentira: ser del mismo club que un imputado no debería impedirle a un juez la obligación de impartir Justicia, porque además, esa obligación debería estar por encima de cualquier otra. Y no sólo se ayudaron en Tribunales, porque hubo funcionarios del Ejecutivo que pagaron barbaridades sin preguntarse si era correcto o no. El establishment actuó sin piedad. 


Volviendo al caso de la ART es muy probable que haya pasado más o menos lo mismo que en expropiaciones. Nadie en los organismos de control si quiera se hizo la pregunta de si era correcto pagar sin licitar. Si los montos estaban bien, nadie alertó nada, o al menos no se dio a conocer. Hasta hicieron presión para que esta gestión no licitara, pero por fortuna se hizo, sino hoy aún ignoraríamos semejante robo. 


Las implicancias legales y políticas del escándalo de la ART son incalculables. Mucho peor que en el caso de las expropiaciones. Ojalá esta provincia sea capaz de llegar a algún lugar con una u otra investigación. Y ojalá las elecciones no interfieran en la investigación.