Esta semana ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación una corrección sobre un Presupuesto que nunca se trató. Lo que se corrige es un proyecto que debió discutirse y aprobarse antes del inicio de gestión de Alberto Fernández, pero que era razonable entender que se lo hiciera más tarde, apenas asumido el nuevo gobierno. La excusa original de la demora para debatir el escrito presentado por Hernán Lacunza el 14 de septiembre de 2019 fue que era necesario, primero que nada, arreglar el pago de la deuda externa con acreedores que tendrían en la mesa de negociaciones a una gestión con distintos criterios que la anterior. Una vez que se supiera qué pasaba con esa variable se podrían resolver las demás. Pasados más de siete meses esa variable todavía no se arregla y se han agregado problemas imprevistos no todos justificados en la pandemia Covid-19. De ahí que no quede para los legisladores más que aprobar lo que ya se gastó, por eso el título de "Postsupuesto". Mientras el ministro Guzmán camina a pasos lentos el acuerdo o default con los acreedores, se acerca el 15 de septiembre, fecha tope establecida por la Ley de Administración Financiera para presentar gastos y recursos del ejercicio 2021, de modo que su oficina está teniendo la doble tarea de proyectar lo que sería necesario para terminar este año y también el que viene. El panorama en su tablero de ajedrez muestra una defensa débil frente a múltiples y variadas amenazas algunas de las cuales ya están dando las primeras dentelladas y otras asoman sus rostros fieros para el año de las elecciones de medio término. La recaudación ha bajado a consecuencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y de la división que Alberto Fernández hiciera entre la salud y la economía. Tal como detalláramos el domingo pasado, el ASPO ha sido una aplanadora que ha dejado vivos sólo a los vendedores de e-commerce. Los ingresos del Estado tanto por Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se relaciona directamente con el consumo, como por ganancias que nadie tuvo, ha bajado en 1,078 billones (millones de millones) para dejar los ingresos totales en 4,39 billones en lugar de los previstos 5,468 billones. Del otro lado, los gastos han subido a 7,39 billones, 1,148 más que el presupuesto de Lacunza, solo cerca de la mitad se explica por Covid-19. La cuenta es aritmética, 3 billones de déficit primario, es decir, aparte de la deuda. En otras palabras, se gastarán 7 y se dispone solo de 4. Si se hace relación con el PBI del país, ese déficit es el más alto desde el gobierno de María Estela Martínez de Perón, cuyo presupuesto fue explicado amargamente por el entonces ministro Alfredo Gómez Morales ante un Congreso perplejo en el febrero que precedió al golpe militar de marzo del 76. Aquél desequilibrio tuvo una consecuencia institucional que aún lamentamos y que, felizmente, ahora no se ve. El rojo fiscal antes del pago de intereses de deuda ya alcanza el 8% de PBI, 2,2 billones de pesos. Sólo para comparar con el saliente gobierno de Macri, se suponía que el déficit total, incluyendo el pago de vencimientos, sería de 0,78 billones mientras que en el gasto primario habría un superávit de 0,42 billones.

La pérdida de empatía de Alberto por Vicentin puede tener otro capítulo.

La pandemia justifica el 26% del nuevo déficit y el abundante resto se constituye de subsidios a la energía, y giros a provincias. Resumiendo, la combinación mete miedo: baja de recaudación, suba del gasto, baja del PBI, ausencia total de crédito que podría financiar el desfasaje entre Recursos y Gastos, ausencia que podría ser definitiva y por muchos años si el país finalmente cae en default. La única fuente de cobertura del desequilibrio queda en manos del Banco Central que deberá autorizar a emitir moneda sin respaldo de la economía real. Esa emisión, acompañada por una caída fuerte de la producción y la inversión (nadie invierte en un quebrado), muestra un resultado cantado: alta inflación. Lo extraño del caso es que se desalienta la exportación mediante fuertes penalidades como tipos de cambio diferenciales para cada producto y retenciones varias perjudicando a los más rentables en lugar de propiciar su crecimiento. Cuando allá por 2008 la soja llegó a cotizar 600 dólares la tonelada, Brasil incentivó el sembrado de más hectáreas mientras que nuestro país castigó al campo con retenciones de más del 30 por ciento causando un recordado conflicto político. Al mismo tiempo se ahuyentan las inversiones amenazando con expropiaciones como las de Vicentin o ahora la distribuidora de energía del Sur de Buenos Aires. Más allá de algún perfil ideológico de más o menos estatismo, todo esto parece poco práctico ya que no habrá manera de obtener divisas por otra vía que por las exportaciones o por inversiones que deberían ofrecerse en condiciones muy atractivas para seducir interesados. Todo lo contrario de un control de cambios que tiene retrasado el dólar en el 80% y con el pie en el cuello con impuestos a los productores. No hay que prejuzgar, todavía falta ver cuál será el espíritu del Presupuesto para el año que viene que debería ingresar al Parlamento en los próximos 45 días. El intento de abordaje extemporáneo de una profunda reforma judicial no es buena señal en cuanto a la selección de materias principales, secundarias o irrelevantes, según lo exige el sentido común. Desempleo, pobreza, depresión económica, inflación, educación en retroceso, salud en deterioro, inseguridad en escalada, dan la impresión de ser cuestiones más inmediatas para el abordaje del gobierno. Si se pregunta a la gente en encuestas, el gobierno tiene cómo hacerlas, la reforma judicial no aparecerá ni entre las primeras 20 necesidades. Esa pérdida de empatía con la calle que demostró Alberto con Vicentin puede tener otro capítulo con este capricho o compromiso, no se sabe. Pero, mejor, esperemos conocer las líneas del texto de la Ley de Leyes para el año que viene. Falta poco.