Como cualquier persona que está tratando de superar un trauma, el Poder Judicial de la provincia muestra altibajos. No muchos y cada vez menos, pero existen. La resiliencia, dice la psicología, es una capacidad. El trauma es lo anterior, lo que empuja a ese desafiante objetivo de levantarse de las cenizas. Los más de veinte años de desidia judicial de la vieja Corte podrían compararse con el trauma de esta caprichosa analogía, por ejemplo. Y los cambios positivos que se están dando, la resiliencia. Esta semana la exposición de ambas definiciones -trauma y resiliencia- fue muy tangible gracias a noticias que fueron copando los medios: el casi seguro pedido de Jury contra el impresentable juez Pablo Flores y la retirada del excortista Ángel Humberto Medina Palá podrían ubicarse en esa capacidad de reinvención, de renacimiento. Del otro lado, el bochornoso juicio que tuvo como víctimas a un padre y un hijo que fueron condenados por una pelea de tránsito, más la latente participación del exministro de la Corte, Adolfo Caballero, en el caso Padilla, podrían ser parte del trauma, ese dolor recurrente que cada tanto vuelve para no olvidar que el camino todavía es largo. Muy largo. En el medio, hay semáforos de todos colores que deben ser advertidos por todos los actores del Poder Judicial, pero en especial los que tienen poder de mando. Y hasta quizás por algunos líderes que no están en ese Poder.

Es un hecho que Juan Pablo Ortega pedirá el desafuero de Flores. El abogado a cargo del primero Correccional quiere saber qué rol cumplía el titular del Segundo de Instrucción en el escándalo del depósito judicial de 9 de Julio. Lo que ya todo mundo sabe: el comisario al que le secuestraron una camioneta que debía estar en resguardo de la Justicia, que le había cedido Flores para uso de una repartición policial. Hay datos de esa investigación que son abrumadores. Según fuentes policiales, Padilla solía ir los domingos al depósito que él dirigía para revisar vehículos y tomarles fotos. Según alguna declaración, incluso Padilla alguna vez arrancó la camioneta Toyota Hilux, para escucharle el motor y, supuestamente, tener alguna idea del estado general del vehículo, como en una agencia de usados. Es posible que los investigadores estén frente a una red de corruptos que identificaba vehículos con problemas de papeles, pero en buen estado mecánico, para quedárselos (como reconoció Padilla) o comprarlos a un valor vil. Flores admitió ante este diario que cometió un error al cederle al comisario la camioneta, pero no fue su única torpeza. El viernes se presentó en el juzgado que investiga el caso para dar su versión de manera espontánea, como cualquier ciudadano común y antes de que se lo convoque. Flores no es un ciudadano común. Flores tiene una barrera constitucional para ser indagado, procesado, juzgado o arrestado. Nadie puede avanzar sobre él si es que antes no se sortea esa barrera. Para eso está el Jurado de Enjuiciamiento. Es el juez del caso quien tiene que convocarlo. Ortega recibió el escrito del magistrado, pero deberá desecharlo, tirarlo. Cuentan en los pasillos de Tribunales que el nivel de asombro entre los empleados del juzgado que dirige Ortega era altísimo. Panzadas se dieron gracias al juez que hoy, entre otros casos, dilucida crímenes. A pesar del desastre que está haciendo Flores, hay que felicitar al Poder Judicial, que está logrando una sana autodepuración. También a la Policía de la provincia. No hay que olvidar que todo el caso surgió por la denuncia de un comisario y la investigación y denuncia de la misma Policía provincial. 

Pero el problema no es Flores, el problema es el sistema. Más de uno asegura que esa displicencia con las cosas del Estado no es patrimonio del juez de Instrucción. Y se nota en los mensajes entre Padilla y el excortista Adolfo Caballero. Padilla le pide una audiencia aduciendo vínculos con el diputado Sergio Miodowsky. El comisario buscaba que un familiar suyo obtuviera trabajo, porque el que tenía en la minería se le había terminado. Pero quería que ese familiar terminara como proveedor del Poder Judicial. Caballero no solamente le responde, si no que lo cita a un encuentro para fines de 2017. Es decir, cuando el integrante del alto tribunal sanjuanino contesta el mensaje y cita a Padilla o al familiar de éste, Caballero sabía bien qué le iban a pedir. Y admite el encuentro. Después Padilla le pide al mismo Caballero que interceda ante Flores para que el juez le dé la camioneta Toyota. Caballero accede al pedido implícitamente cuando le requiere datos del expediente de la misma. Es decir: Caballero acepta la posibilidad de influir en que el Estado contrate al familiar de Padilla, y acepta la posibilidad de intervenir para que Flores le entregue el vehículo a Padilla. El artículo 256 del Capítulo VI del Código Penal Argentino, dice sobre el tráfico de influencias: 'Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones'. La pregunta es si Caballero recibió o no alguna retribución por sus supuestas ayudas. En Tribunales dudan si llamar a declaración informativa o testimonial al exministro de la Corte. Hay diferencias importantes entre una y la otra. En la primera puede luego ser imputado. En la segunda, no. Pero más allá del futuro de Caballero, Padilla y Flores. Lo que queda en evidencia en este caso es el manoseo con el que algunos mandantes se manejan: un comisario que es amigo de un diputado le pide al ministro de la Corte que contrate a la empresa de un familiar suyo y, a su vez, el mismo comisario (algo entrado en confianza ya) le pide al mismo cortista que interceda por una camioneta. ¿Todo el Estado se maneja así? 

Pero hay más de los "malos ejemplos". El caso de Juan Alberto Guerra y su hijo Francis Danilo es, al menos, llamativo. Padre e hijo fueron condenados por haber herido al director de Informática del Poder Judicial, Miguel Godoy y su amigo Darío Ramírez, en medio de una discusión de tránsito. Primero fueron condenados a 1 año de prisión efectiva y enviados cuatro meses a la cárcel con delincuentes comunes cuando, previo al incidente, no tenían ni una infracción de tránsito. Jueces de la Cámara Penal, al revisar el caso, los liberaron porque se habían cometido numerosos errores procesales y se habían tomado medidas sin fundamentarlas. Ese tribunal incluso aseguró que por el tipo de delito que les atribuían (lesiones graves y leves) cabía una condena en suspenso (sin encierro) y debían haber recuperado la libertad apenas después de ser sometidos al proceso penal como imputados. Los volvió a juzgar otro juez y, por pedido de la fiscal, les aplicaron 1 año y tres meses de prisión efectiva. Alguien se apiadó luego y les dieron prisión domiciliaria. ¿Cómo explicarle a la familia Guerra que en la excesiva condena no influyó Godoy? Mucho más cuando, según testigos, apenas ocurrido el incidente empezó a notarse la "influencia" del herido, por la magnitud de la respuesta policial y judicial. 

En favor de las actuales autoridades y a pesar de esos resabios, hay que decir que el Poder Judicial está cambiando para bien. Flagrancia, a pesar de ese incidente, es un sistema que está dando respuestas a la comunidad. Lo mismo que la conducción política que están ejerciendo Guillermo de Sanctis y Eduardo Quattopani. Como ya dije en varias ocasiones en estas líneas, la buena sintonía entre el Judicial y el Ejecutivo, con Sergio Uñac y Emilio Baistrocchi a la cabeza, está arrojando luces verdes por todas partes. 

Los casos expuestos anteriormente son requechos de lo que antes era moneda corriente en este poder del Estado. Pero ojo. Una mayor exposición pública, que es lo que está teniendo hoy el Poder Judicial, puede abrir grietas. De Sanctis, aseguran, creía que podría dominar con mayor facilidad a Adriana García, quien ha ejercido su función con impensada prolijidad. Aseguran que existe algún grado de incomodidad de la hermana del diputado Pablo García con algunas "órdenes" del exfiscal de Estado. La prueba de fuego para ambos será dentro de unos meses, cuando García deba ocupar la Presidencia de la Corte, que sigue siendo un cuerpo colegiado a pesar de la escasez de firmas que se nota por estos días. De Sanctis ha hecho un buen trabajo donde estuvo y por eso llegó al lugar que llegó. Veremos cómo le cae correrse un poco. Todo un desafío para su carrera política.