La Iglesia ha reclamado una vez más, dar soluciones integrales, no sólo paliativos, al problema crónico de la pobreza, que sigue ignorado como tema prioritario en la agenda oficial.

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, adelantó que el obispado presentará en breve una propuesta sobre un derecho universal para los niños argentinos, para que se convierta en una política de Estado, independientemente de los cambios de gobiernos.

En la Semana Social de Mar del Plata, recientemente celebrada, se exhortó a elaborar un proyecto de país mediante un gran acuerdo, con actitud conciliadora y de reencuentro entre todos los argentinos. La propuesta, en la que trabajan Cáritas Argentina y la Comisión Nacional de Justicia y Paz, denominada "Ingreso Básico para la Igualdad y la Equidad en la Niñez" (por sus siglas Ingreso BIEN), busca que este derecho se complemente con otras políticas públicas y lo sostenga la sociedad civil en su conjunto.

El llamado a todos los sectores va más allá de la dádiva circunstancial. Erradicar la pobreza y la exclusión no debe reducirse solo a encontrar soluciones económicas, como suelen implementarse, sino evitar que en una Argentina dividida se sigan profundizando las desigualdades.

Es que la pobreza es una cuestión integral que abarca todas las dimensiones de la vida y requiere, desde nuevos espacios de diálogo, respuestas integrales e integradas del Estado en todos sus niveles, la sociedad civil y el mercado. Así lo observa la Iglesia ante una brecha social que llega al Bicentenario como deuda histórica que urge cancelar con los necesitados.

Es de esperar que el Gobierno nacional envíe al Congreso proyectos para combatir la pobreza en forma integral y con la misma celeridad, ahínco y fervor partidario como lo hizo con la ley de medios audiovisuales. Esta debería ser realmente "la madre de todas las batallas", aprobada y sancionada en tiempo récord gracias a la mayoría parlamentaria, y también el acompañamiento activo de la población.

La dignidad del pobre exige igualdad de oportunidades, y un compromiso que debemos asumirlo como lo más urgente de las políticas de Estado.