El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa). La medida comenzó con la venta de acciones que la empresa posee en Citelec S.A., firma que tiene el control accionario de Transener, principal operadora del transporte de energía eléctrica de alta tensión en Argentina.
La decisión fue oficializada por medio de la Resolución 1050/2025, publicada en el Boletín Oficial, e impulsada por el Ministerio de Economía. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para reducir la participación estatal en sectores considerados estratégicos, como el energético, y así fomentar la llegada de inversiones privadas nacionales e internacionales.
Citelec S.A. posee el 52,4% de las acciones de Transener S.A., compañía que tiene a su cargo la operación y mantenimiento del sistema de transporte eléctrico en extra alta tensión, es decir, líneas de 500 kV. El resto del paquete accionario pertenece a Pampa Energía, que actualmente detenta un rol minoritario, pero podría modificar su posición en el nuevo esquema de propiedad.
Además de su participación en Transener, Citelec cuenta con acciones en Transba S.A., la empresa responsable del transporte eléctrico en la Provincia de Buenos Aires por distribución troncal. Esto implica que la privatización involucra activos que van más allá del nivel nacional, incluyendo infraestructura crítica para una provincia clave.
El proceso de venta se desarrollará mediante un concurso público nacional e internacional, sin restricciones de procedencia de los oferentes. La subasta será coordinada por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que actuará como Unidad Ejecutora Especial Temporaria, y deberá completarse en un plazo no mayor a ocho meses.
La resolución especifica que no se reservarán acciones ni para el Estado ni para los empleados, ya que no se aplicará ningún programa de propiedad participada ni preferencias de ningún tipo. Esta decisión fue justificada por el Gobierno con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones para todos los participantes y acelerar el proceso de desinversión estatal.
La desinversión en Citelec constituye una de las primeras acciones concretas en la nueva etapa de privatizaciones que impulsa el Gobierno. El mismo camino se busca seguir con otras empresas públicas como AySA, Belgrano Cargas y Correo Argentino, entre otras.
La venta de la participación estatal en la principal transportista de energía eléctrica genera debate en distintos sectores, por tratarse de una empresa estratégica para la operación y la estabilidad del sistema eléctrico nacional. También se plantean interrogantes respecto del impacto que esta operación podría tener en la regulación de tarifas y en la planificación de la infraestructura energética.
El Gobierno sostiene que la operación permitirá mejorar la eficiencia y modernización del sistema, al atraer capitales y know-how del sector privado. Sin embargo, algunos especialistas advierten que podría limitarse la capacidad estatal de incidir en la definición de políticas públicas vinculadas al transporte eléctrico.
Por Infoenergía