La Nación modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 1366/2026, publicado el 16 de noviembre en el Boletín Oficial y vigente desde esa misma fecha. La medida introdujo cambios en los requisitos para que una empresa sea considerada proveedora argentina, una decisión que generó interrogantes sobre su impacto en la participación de firmas locales en los grandes proyectos mineros.
Uno de los principales cambios está relacionado con la definición de proveedor argentino. Hasta ahora, para que una empresa fuera considerada nacional debía estar constituida y domiciliada en el país y tener al menos el 51% de su capital o de sus votos en manos de titulares con domicilio fiscal en Argentina. Con la nueva reglamentación, alcanza con que esté constituida y tenga domicilio en el país, independientemente de quiénes sean sus propietarios o del origen de su capital. El fundamento oficial apunta a integrar a las empresas radicadas en Argentina en las cadenas de suministro de los proyectos alcanzados por el régimen.
Sin embargo, el compromiso de contratación de proveedores argentinos por parte de los proyectos no sufrió modificaciones, afirmó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea. Las empresas adheridas al RIGI deben destinar al menos el 20% de sus compras de bienes y obras a proveedores nacionales, tanto durante la etapa de construcción como en la de operación, siempre que exista oferta local en condiciones de mercado.
En este escenario, proyectos mineros como Vicuña podrán computar dentro de ese porcentaje las contrataciones a filiales argentinas de compañías extranjeras, especialmente en el desarrollo de obras. De esta manera, las empresas de capital nacional dejan de tener una participación reservada dentro de ese cupo y deberán competir con otras firmas radicadas en el país, aunque tengan capitales internacionales.
Frente a las posibles consecuencias para San Juan, Perea, explicó que el porcentaje establecido por el RIGI siempre tuvo alcance nacional y nunca estuvo segmentado por provincias. Es decir, para cumplir con ese requisito, una empresa radicada en cualquier punto de Argentina tiene la misma consideración que una sanjuanina. Además, remarcó que el decreto nacional no modifica la Ley Provincial 2827-M ni el Registro Provincial de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN.).
En ese sentido, Perea sostuvo que la normativa provincial mantiene sus propios objetivos: un 80% de empleo sanjuanino y un 60% de compras a proveedores locales. Para alcanzar esas metas, solamente se computarán las contrataciones a empresas inscriptas en el RE.PRO.MIN. La reglamentación de la ley provincial se encuentra en su etapa final y está próxima a publicarse, lo que permitirá que el régimen quede en condiciones de aplicarse.
“El Decreto 1366/2026 es una norma nacional: ajusta quién puede contarse como proveedor argentino dentro del cupo del 20% que exige el RIGI en todo el país, pero no toca ni reemplaza la herramienta que San Juan construyó para sus propios proveedores”, explicó el funcionario.
En la misma línea, destacó que la ley provincial continúa vigente y mantiene sus objetivos de participación local. “La ley provincial, con sus metas de 80% de empleo sanjuanino y 60% de compras a proveedores inscriptos en el RE.PRO.MIN., sigue intacta y es la que realmente protege al proveedor local”, afirmó.
El ministro también hizo hincapié en que las dos normativas tienen alcances diferentes y pueden convivir sin superponerse. Por un lado, el RIGI establece un piso nacional de contratación de proveedores argentinos, mientras que San Juan cuenta con una legislación propia que fija condiciones específicas para promover el empleo y las empresas de la provincia.
“Esto activa transparencia regulatoria: un piso nacional y una ambición provincial que conviven sin contradicción. Y también empleo y desarrollo, porque la vía real para el proveedor sanjuanino nunca fue el RIGI, es la ley de San Juan”, agregó Perea.
Por último, el titular de Minería buscó llevar tranquilidad a las empresas locales y remarcó que la modificación nacional no representa una reducción de los objetivos que se fijó la provincia para el desarrollo de su actividad minera.
“Este cambio no te saca nada. Es un ajuste administrativo en una norma nacional; no modifica ni un punto de la meta que San Juan se puso para que la minería deje trabajo y proveedores locales”, expresó.
Y concluyó con una advertencia sobre la necesidad de diferenciar los alcances de ambas legislaciones: “No hay que mezclar dos normas distintas. Una cosa es el piso nacional del RIGI, del 20%, para todo el país y nunca segmentado por provincia; otra es la ambición de San Juan, con el 80/60 y un registro propio. El decreto de esta semana toca solamente la primera”.