CUYO MINERO accedió a la Evaluación Económica Preliminar del proyecto y calculó, año por año, cuánto representarían las regalías del 3% y el aporte adicional del 1,5% sobre la facturación prevista por cobre, oro y plata.
Vicuña proyecta una vida minera de 70 años y una facturación superior a 51.000 millones de dólares durante su primera década de operaciones.
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El acuerdo firmado entre San Juan y Vicuña dejó cifras de una magnitud inédita para la minería provincial. Durante sus primeros diez años de facturación, Vicuña podría aportar a San Juan cerca de 2.000 millones de dólares entre regalías y el futuro fideicomiso, siempre que se cumplan las perspectivas productivas y económicas utilizadas actualmente por la compañía. A ese monto se sumarán, por otra vía, los 250 millones de dólares que la empresa anticipará para obras de infraestructura.
CUYO MINERO accedió y analizó la Evaluación Económica Preliminar (PEA, por sus siglas en inglés) de Vicuña, el primer estudio económico integral que reúne las proyecciones del desarrollo conjunto de Josemaría y Filo del Sol. Los resultados fueron dados a conocer el 16 de febrero de 2026 y posteriormente formalizados mediante el reporte técnico NI 43-101 presentado por Lundin Mining. El documento proyecta una vida minera inicial de 70 años, con primera producción prevista para 2030, y dentro de sus cientos de páginas incluye una tabla de flujo de caja anual que detalla cuánto prevé facturar el proyecto por la venta de cobre, oro y plata en cada año de operación.
A partir de esos valores y de las condiciones establecidas posteriormente en el acuerdo entre la compañía y la Provincia, CUYO MINERO calculó cómo serían los aportes correspondientes a los primeros diez años con ingresos proyectados, entre 2030 y 2039. El resultado es de una escala considerable: en ese período, Vicuña prevé una facturación bruta acumulada de 51.066 millones de dólares por los tres metales y, sobre esa base, el 3% de regalías representaría alrededor de 1.532 millones de dólares para San Juan. Este aporte es mayor al que prevé la ley nacional, ya que en ese esquema el canon se calcula en base al valor boca de mina, mientras que la Provincia acordó hacerlo respecto de la facturación. A su vez, considerando la incorporación del aporte adicional del 1,5% desde el sexto año, el fideicomiso podría sumar aproximadamente otros 467 millones de dólares.
En total, el esquema llevaría el aporte proyectado a 1.999 millones de dólares durante la primera década de facturación, sin contar el adelanto extraordinario de 250 millones de dólares comprometido antes de que la mina empiece a producir. Todo esto dependerá de que las perspectivas de producción previstas por la firma se cumplan y de la evolución de los precios de venta de los metales utilizados para construir la PEA, que pueden registrar variaciones con el paso de los años.
La metodología utilizada parte directamente de la tabla 22-1 de la PEA. Para cada año se sumaron las tres primeras líneas de ingresos: Gross Copper Revenue, Gross Gold Revenue y Gross Silver Revenue, es decir, la facturación proyectada por cobre, oro y plata. Sobre ese total se calculó el 3% correspondiente a regalías provinciales y, a partir de 2035, considerado en este ejercicio como el sexto año dentro del cronograma que comienza en 2030, se añadió el 1,5% correspondiente al fideicomiso de infraestructura.
Lo que proyecta aportar Vicuña a San Juan
Cifras en millones de dólares.
El cálculo de 2035 aplica el 1,5% a todo el año para mostrar el efecto de ingresar al sexto año del cronograma. El acuerdo establece, en rigor, un período de cinco años sin ese aporte contado desde el inicio efectivo de la producción, por lo que si Vicuña comenzara a producir avanzado 2030, el primer pago del fideicomiso durante 2035 sería proporcional y no correspondería a los doce meses completos. Incluso bajo el escenario más conservador de comenzar a computar un año calendario completo de fideicomiso recién en 2036, el aporte acumulado durante 2030-2039 seguiría superando los 1.900 millones de dólares.
La magnitud del aporte provincial se explica por el volumen de ventas que proyecta el propio proyecto. Durante los primeros diez años con facturación, la PEA estima ingresos por aproximadamente 24.987 millones de dólares por cobre, 17.672 millones de dólares por oro y 8.407 millones de dólares por plata, lo que en conjunto representa 51.066 millones de dólares.
La evolución tampoco será lineal. El modelo comienza en 2030 con una facturación proyectada de 2.206 millones de dólares y termina 2039 en 7.138 millones de dólares, más de tres veces el valor inicial, algo que se traslada directamente a las regalías. En 2030, el 3% calculado sobre la facturación representaría unos 66,2 millones de dólares; en 2031 ya superaría los 100 millones de dólares y hacia 2039 solamente las regalías alcanzarían aproximadamente 214,1 millones de dólares.
El cambio más marcado aparece en la segunda mitad de la década. Durante los primeros cinco años, entre 2030 y 2034, San Juan recibiría alrededor de 598 millones de dólares exclusivamente por regalías, mientras que entre 2035 y 2039 el crecimiento de la producción y la incorporación del fideicomiso llevarían el aporte teórico conjunto a aproximadamente 1.401 millones de dólares. De esta manera, alrededor del 70% de los casi 2.000 millones de dólares calculados para toda la década se concentraría durante la segunda mitad del período.
Detrás de los porcentajes hay un aspecto técnico del acuerdo que resulta central para San Juan. La Ley de Inversiones Mineras establece tradicionalmente el cálculo de las regalías sobre el denominado valor boca mina, que no es igual a la facturación total de una compañía, ya que surge del precio obtenido en la primera etapa de comercialización después de descontar determinados costos, entre ellos transporte, tratamiento, trituración, molienda, comercialización, administración, fundición o refinación, según corresponda.
El acuerdo alcanzado con Vicuña modificó esa lógica para este proyecto. La compañía y la Provincia estabilizaron las regalías en 3% de los ingresos o ventas brutas durante la vida del proyecto y, a eso, se suma el fideicomiso equivalente a 1,5% de las ventas brutas a partir del sexto año de operaciones. En términos simples, para San Juan significa utilizar una base de cálculo más amplia, previa a las deducciones que intervienen en el concepto tradicional de valor boca mina.
La propia PEA había anticipado meses antes esa posibilidad. Cuando el informe fue elaborado, las negociaciones con la Provincia todavía estaban abiertas y el documento señalaba que la base de las regalías podía pasar de valor boca mina a ventas brutas. El acuerdo firmado en agosto terminó consolidando ese esquema.
Los casi 2.000 millones de dólares calculados para la primera década productiva no incluyen otro de los componentes centrales del acuerdo entre San Juan y Vicuña: el aporte anticipado de 250 millones de dólares para infraestructura, una cifra que la compañía deberá desembolsar antes de que el proyecto comience a producir. Este aporte tiene un funcionamiento diferente al de las regalías y al 1,5% que comenzará a aplicarse sobre las ventas brutas a partir del sexto año de operaciones, ya que se trata de un desembolso extraordinario, único, no reembolsable y no compensable, por lo que Vicuña no podrá descontarlo posteriormente de las regalías ni utilizarlo para cancelar otras obligaciones económicas con la Provincia.
El monto forma parte del esquema acordado para ordenar las obligaciones económicas que habían quedado establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que dieron lugar a una controversia administrativa desde 2022. El entendimiento firmado en agosto terminó de encauzar ese compromiso a través de un fideicomiso específico y, al mismo tiempo, estableció las reglas económicas que acompañarán al proyecto durante su extensa vida útil. Los 250 millones de dólares serán transferidos al fideicomiso creado por el acuerdo, desde donde se financiarán obras previamente acordadas con la Provincia, principalmente vinculadas a infraestructura vial, hídrica y de saneamiento, con la particularidad de que esos recursos comenzarán a estar disponibles varios años antes de que Vicuña genere sus primeros ingresos por la venta de minerales.
Ese anticipo es, precisamente, una de las particularidades del convenio. En un esquema tradicional, el impacto fiscal directo de una mina comienza a crecer una vez iniciadas la producción y la comercialización; en este caso, San Juan contará con un aporte de 250 millones de dólares durante la etapa previa, cuando Vicuña todavía estará avanzando con el desarrollo y construcción del proyecto. Por eso, ese dinero no corresponde sumarlo dentro de ninguno de los años comprendidos entre 2030 y 2039 en el cálculo realizado por CUYO MINERO, ya que no surge de aplicar un porcentaje sobre la facturación ni constituye una regalía anticipada, sino que corre por una vía independiente.
El flujo asociado directamente a la producción comenzará después. Desde el inicio de las operaciones, la Provincia cobrará el 3% sobre los ingresos o ventas brutas en concepto de regalías y, una vez cumplidos los primeros cinco años, se agregará el 1,5% de las ventas brutas destinado al fideicomiso, que pasará a constituir una fuente anual de financiamiento para infraestructura y otras iniciativas. De esta manera, el acuerdo establece en los hechos dos momentos distintos de ingreso de fondos para San Juan: primero, los 250 millones de dólares anticipados antes de la producción y, posteriormente, un flujo que acompañará la facturación de la mina durante décadas mediante las regalías y el aporte adicional.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, había puesto justamente el foco sobre esa combinación de recursos al analizar el impacto económico de Vicuña. Según los valores publicados en la Evaluación Económica Preliminar, el proyecto comenzaría generando aportes provinciales por encima de los 100 millones de dólares anuales y la cifra aumentaría a medida que crezcan la producción y la facturación.
Hay, además, una diferencia entre la proyección difundida por Luis Caputo y los números que surgen del detalle anual de la PEA. El ministro había señalado que los aportes para San Juan podrían alcanzar unos 450 millones de dólares anuales a partir de 2040; sin embargo, para ese año el informe de Vicuña proyecta una facturación conjunta de 6.418 millones de dólares por cobre, oro y plata. Aplicando sobre ese monto el 3% de regalías y el 1,5% del fideicomiso, el resultado ronda los 288,8 millones de dólares. La diferencia podría responder a que el cálculo difundido por Caputo haya considerado otros años de mayor producción, un promedio posterior o una metodología distinta, por lo que resta conocer el criterio exacto utilizado para llegar a aquella estimación.
El análisis realizado sobre la PEA permite así ir un paso más allá de aquella referencia general y observar año por año cómo se conformaría ese flujo durante la primera década, separado del aporte extraordinario de 250 millones de dólares que San Juan recibirá antes de que la mina entre en producción. Si bien para este informe solo se tuvo en cuenta la primera década, mismo esquema de pagos a la provincia se extenderá por al menos 70 años, que es la vida útil planificada por la empresa hasta ahora.
Hay una segunda aclaración indispensable. Los 51.066 millones de dólares de facturación y, por lo tanto, los casi 2.000 millones de dólares calculados para San Juan, no son cifras fijas ni garantizadas, ya que la PEA debió establecer precios de referencia para construir su modelo económico. El escenario base fue realizado considerando 4,60 dólares por libra de cobre, 3.300 dólares por onza de oro y 40 dólares por onza de plata. Con esos valores, el estudio obtuvo un valor presente neto después de impuestos de 9.500 millones de dólares y una tasa interna de retorno del 14,8%. Esos mismos supuestos están detrás de las proyecciones de facturación utilizadas para realizar el cuadro.
Al 25 de agosto, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres llegó a 14.343 dólares por tonelada, equivalentes a aproximadamente 6,50 dólares por libra. El oro spot rondaba los 4.652 dólares por onza y la plata se ubicaba cerca de 68,77 dólares por onza, por lo que los tres metales se encontraban por encima de las referencias utilizadas en la PEA.
Eso no significa que esos valores actuales puedan proyectarse automáticamente hasta 2030, 2035 o 2039, porque el mercado de metales puede atravesar fuertes oscilaciones y una cotización puntual no constituye un pronóstico de largo plazo. Pero el mecanismo para San Juan es directo: si Vicuña factura más, tanto el 3% de regalías como el 1,5% del fideicomiso aumentan; si factura menos, también disminuyen.
La propia evaluación económica muestra cuánto puede cambiar el proyecto según el precio de los metales. La PEA utiliza como escenario base 4,60 dólares por libra de cobre, 3.300 dólares por onza de oro y 40 dólares por onza de plata y, con esos supuestos y considerando los flujos previstos durante los 70 años de vida minera, Vicuña calculó un valor presente neto después de impuestos de 9.500 millones de dólares, con una tasa de descuento del 8%. En ese escenario, la inversión se recuperaría aproximadamente 8,4 años después del inicio del procesamiento. En un ejercicio de sensibilidad con precios más altos —6 dólares por libra de cobre, 5.000 dólares por onza de oro y 80 dólares por onza de plata—, Lundin estimó que el valor presente neto subiría hasta 28.800 millones de dólares y que el plazo de recuperación de la inversión se reduciría a 5,4 años.
Hay una última salvedad necesaria. La PEA es, como indica su nombre, una Evaluación Económica Preliminar y no representa todavía el diseño económico definitivo de la mina. El propio reporte advierte que se trata de un estudio conceptual, que incorpora recursos inferidos y que no existe certeza de que el proyecto termine desarrollándose exactamente bajo los parámetros utilizados en esta etapa, por lo que los cronogramas, niveles de producción, costos y precios pueden modificarse a medida que Vicuña avance hacia estudios de mayor precisión y una eventual decisión final de inversión.
Por eso, los casi 2.000 millones de dólares no deben leerse como dinero ya asegurado para las arcas provinciales, sino como una estimación construida sobre los números oficiales que hoy utiliza Vicuña para proyectar su proyecto y sobre el esquema económico que posteriormente acordó con San Juan. Aun con esa advertencia, el ejercicio permite poner en perspectiva por primera vez el impacto año a año: si el proyecto cumple el cronograma de la PEA, San Juan pasaría de recibir unos 66 millones de dólares durante el primer año con facturación a superar los 300 millones de dólares anuales hacia el final de la primera década, cuando todavía quedarían alrededor de seis décadas de vida minera por delante.
