La muerte de cientos de pejerreyes en el Dique Cuesta del Viento, en Iglesia, desató un debate que dejó dos posturas enfrentadas, con la actividad minera en el centro de la discusión. Por un lado, el Gobierno provincial elaboró un informe tras un estudio ambiental que asegura que los peces murieron por falta de oxígeno, en un episodio aislado y transitorio, y no hay referencia a ninguna incidencia negativa de la minería u otra actividad en las aguas de la cuenca del río Jáchal. Del otro lado, la Asamblea Jáchal No Se Toca sugiere que pudo haber un derrame de la mina Veladero que se estaría ocultando a la opinión pública y que eso provocó la mortandad de peces. Esta postura esgrime como argumento un análisis del agua de la zona realizado por un laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO, de Mendoza. Pero desde la propia institución académica se resisten a interpretar que sus números indiquen alguna contaminación minera y, más aun, no avalan en absoluto esa hipótesis.
El estudio que encargó y pagó la ONG ambientalista, señalada como su “cliente” por el propio laboratorio mendocino, incluye muestreos aguas arriba, en sitios como el punto M11 del río La Palca, a más de 120 kilómetros de la mina. Allí se habría detectado arsénico en 0,57 mg/L; aluminio en 6,7 mg/L; cobre en 0,20 mg/L; zinc en 0,48 mg/L; boro en 4,0 mg/L y bandas de mercurio entre 0,0005 y 0,001 mg/L, además de cloro total en un valor de 0,12 mg/L. La ONG jachallera liderada por Saúl Zeballos interpretó esos indicadores como evidencia de toxicidad aguda y crónica y afirmó que el hipoclorito detectado podría estar vinculado a la neutralización de cianuro, dado que tras el derrame de Veladero de 2015 se usó hipoclorito de sodio para neutralizar el cianuro que había llegado al Río Blanco.
Con esa presunción, Zeballos acudió a la Justicia y presentó, con el informe técnico del laboratorio de la UNCUYO, una demanda por presunto “envenenamiento de agua” que investiga la UFI Norte, a cargo del fiscal Sohar Aballay.
La universidad se despega
Pero desde la casa de estudios se despegan por completo de la acusación de envenenamiento o contaminación que realiza su cliente, la asamblea jachallera. Consultada por DIARIO DE CUYO, una fuente universitaria de jerarquía de la UNCUYO sostuvo que “ni el Laboratorio de Análisis Instrumental -autor del muestreo en Jáchal-, ni la Facultad de Ingeniería a la que pertenece, ni la Universidad misma, adhieren a ninguna interpretación o lectura que se esté haciendo públicamente de los datos obtenidos“.
Según la fuente, que pidió mantener su identidad en reserva dado que no habrá un vocero oficial, la academia “no avala ninguna conjetura ni hipótesis” de contaminación minera en el dique Cuesta del Viento ni aguas arriba, pese a que la ONG pretende darle entidad de prueba terminante a ese informe técnico. La tarea del laboratorio, explicó la fuente, es hacer mediciones a pedido de los clientes y entregar ese informe a quien lo encargó, bajo un acuerdo de estricta confidencialidad.
Sin embargo, el estudio fue reproducido por varios portales de noticias de San Juan y del país. Incluso hubo medios nacionales que citaban textualmente los datos relevados dos semanas antes de la fecha oficial que tiene el estudio del laboratorio. Desde la UNCUYO aseguran que ellos respetaron la confidencialidad y no filtraron públicamente ningún dato.
En manos de la UFI
Quien sí deberá interpretar y llegar a una conclusión es el fiscal de la UFI Norte. Para eso, ya cuenta con dos mediciones del agua jachallera: la del laboratorio universitario mendocino, y la que realizó el Gobierno.
Esta última fue llevada a cabo por el laboratorio del CIPCAMI (Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial), que depende de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan. En este caso, los monitoreos, hechos tanto en el sistema del dique como en sectores claves del río Jáchal y de alta cuenca, no detectaron cianuro, mercurio, nitritos ni valores por encima de los niveles guía.
Los análisis abarcaron el ingreso del río Iglesia al embalse, el embarcadero del dique, la playa Lamaral, el río Jáchal aguas abajo, y también zonas en alta montaña como Las Taguas, La Palca, el propio Río Blanco y la zona de confluencias. En todos los casos los resultados se mantuvieron dentro de los parámetros normales e incluso consistentes con la línea de base ambiental construida por CIPCAMI a partir de datos históricos.