En agosto de 2021, Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) dictó una serie de decisiones administrativas con el objetivo de expropiar una parte de tres terrenos ubicados en Rivadavia. ¿El objetivo? Implantar cañerías de conducción de agua potable, correspondiente a la obra del Acueducto Gran Tulum. Según confirmaron fuentes oficiales, el proceso administrativo avanzó al punto que la empresa estatal tomó posesión de los predios y realizó el depósito judicial, por un valor que ascendió a poco más de 2.300.000 pesos. Lo llamativo del caso es que esos mismos inmuebles habían sido expropiados por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en 2017, para la instalación de una línea eléctrica, y por los que la provincia había pagado a su propietario 1.737.700 pesos. Es decir, el Estado realizó dos procesos expropiatorios por los mismos terrenos y realizó dos desembolsos. El error fue detectado por Fiscalía de Estado, órgano encargado de defender el patrimonio de la provincia, por lo que ordenó a OSSE que no avanzara con la expropiación y que recuperara el depósito, lo que finalmente se hizo. Así, no se incurrió en un perjuicio fiscal.

El titular de Fiscalía de Estado, Jorge Alvo, reconoció que el error se produjo en el organismo que él conduce, el cual permitió que OSSE solicitara la expropiación de terrenos que estaban en manos del EPRE y realizara el depósito judicial por ellos. Según explicó el funcionario, "existe una parte de responsabilidad de Fiscalía de Estado porque el abogado que llevó la expropiación del EPRE se demoró en inscribir el bien al dominio público. Si lo hubiera inscripto en tiempo y forma, esto no hubiera ocurrido". Además, dijo que, "al demorarse el profesional, no surge la inscripción en el Registro de la Propiedad" y eso habilitó a OSSE a avanzar con el trámite judicial. Sobre los fondos recuperados, dijo que "estaban depositados en una cuenta a plazo fijo" y nunca fueron transferidos.

Alvo también reconoció que se trató de un episodio irregular y atípico que hace recordar a la megacausa de las expropiaciones en la que abogados, exjueces y exfuncionarios están en la mira por inflar los precios de los terrenos que expropiaba el Estado. En esa línea, el Fiscal de Estado dijo que "esto es lo que solía pasar con algunas causas de expropiaciones, en las que hubo casos en los que los terrenos no se inscribieron al dominio público y, luego, aparecían dueños pidiendo pagos. Eso daba pie a que se iniciaran nuevos juicios". Por esas situaciones, dentro de Fiscalía se creó una Unidad Especial de Defensa del Territorio, dentro del Área Inmuebles, que es la que debe analizar si los terrenos que busca expropiar el Estado ya están bajo su poder para que no se produzca un doble pago. Pese al recuerdo de la megacausa, Alvo aclaró que, en este caso, sólo hubo un error que, encima, se corrigió.

OSSE envió la documentación para escriturar casi 500 metros cuadrados del terreno de Rivadavia en 2021 y Fiscalía de Estado detectó que es propiedad del EPRE, por lo que le indicó a la entidad sanitaria que "no practique operaciones de mensura y deje sin efecto cualquier anotación y/o inscripción en el Registro General Inmobiliario". Bajo esas directivas, OSSE ordenó a su cuerpo jurídico a "desistir de todo proceso judicial en curso sobre dichos inmuebles" y "solicitar la devolución de las sumas de dinero y sus intereses".