Por decisión de un organismo nacional, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), están suspendidas e imposibilitadas de funcionar hasta tanto regularicen su situación un total de 275 cooperativas en San Juan, el 76% de las registradas en la Dirección Provincial de Cooperativas, que suman 360. Por la medida, están en riesgo unos 1.700 puestos de trabajo, según los datos que maneja la titular de la repartición local, Sandra Lirio.

En septiembre pasado, el INAES sacó una resolución disponiendo un proceso de actualización de datos que obliga a todas las cooperativas del país a adherir al Registro de Legajo Multipropósito (RLM). Muchas empezaron el trámite, pero no lo completaron y otras ni si quieren comenzaron a gestionar la actualización. Ahora, el INAES resolvió que todas las cooperativas del país que no han adherido al nuevo sistema no pueden funcionar. A nivel nacional hay unas 20.000 cooperativas imposibilitadas de trabajar y en San Juan son 275.

En la práctica, que una cooperativa esté suspendida, explicó Lirio, significa que no pueden realizar operaciones bancarias, facturar ni pagar a proveedores, es decir que se complica su funcionamiento.

En San Juan, el 60% de las cooperativas registradas son de trabajo, por ejemplo metalúrgicas, textiles o dedicadas a la construcción. ¿Por qué muchos eligen armar una cooperativa?. Es porque son pequeñas empresas que les permiten generar mano de obra, pero con menores costos y con ventajas en el pago de impuestos, explicó la directora.

Para ponerse al día, la funcionaria dijo que el trámite no es complicado. Primero que nada las entidades deben estar inscriptas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tener la clave fiscal y el CUIT. Además deben tener escaneado el estatuto social y el acta de distribución de cargos. Toda esta información debe ser enviada puede ser presentada en la dirección. Una vez que estén actualizados los datos, la cooperativa podrá volver a funcionar.

Para agilizar los trámites, la Dirección de Cooperativas, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano, ha dispuesto un sistema de atención prioritaria. Los representantes de las entidades pueden comunicarse a los teléfonos 4306032 / 4306008, en horario de 7 a 14. También pueden concurrir personalmente a las oficinas ubicadas en el primer piso, núcleo 2, del Centro Cívico.

Para el caso de las cooperativas que funcionan en los departamentos alejados, como ocurre en Valle Fértil, Iglesia, Jáchal y Calingasta, la Dirección de Cooperativas va a poner en marcha un equipo móvil que empezará a visitar los zonas más apartadas para asesorarlas y que los representantes no tengan que trasladarse hasta la Capital para cumplir con el trámite. La funcionaria dijo que en los próximos días se dará a conocer un calendario de visitas.

En la resolución, el INAES dio a conocer que la actualización de datos es con el objetivo de implementar el sistema de Registro de Legajo Multipropósito" (RLM), que es parte del mecanismo de Gestión Documental Electrónica (GDE), como único medio de administración de los registros de las entidades y jurisdicciones que funcionan en el país. "El mencionado módulo fue implementado a fin de dotar de mayor eficiencia y eficacia a los registros administrados por las entidades y jurisdicciones de la Administración Pública Nacional,

pues permite cargar y actualizar la información contenida en un registro por medios electrónicos y administrar el legajo de documentos que respaldan dicha información", sostiene la entidad nacional. Y agrega que el "el citado proceso revistió el carácter de obligatorio, habiéndose previsto en la norma que le dio inicio, que las cooperativas y mutuales que no dieran cumplimiento se encuentran impedidas de realizar trámites ante este Organismo; sin perjuicio de las medidas de fiscalización pública que se dispongan y promuevan".

Según explicó Lirio, las cooperativas en la provincia fueron advertidas del cambio. Algunas optaron por empezar a gestionar el trámite, pero la gran mayoría se ha demorado y ahora se encuentran con la novedad de que no pueden seguir funcionando hasta tanto se adecuen a la nueva reglamentación.

A nivel nacional hay casos emblemáticos de cooperativas, como en el caso de Sancor, que es láctea. Y en San Juan también hay entidades que vienen de larga data. Un caso es la Cooperativa Cacique Pismanta, que agrupa a unos 30 empleados que trabajan y administran el Hotel de Pismanta, en Iglesia. La entidad se armó en medio de la crisis del 2001 para que el personal no perdiera sus fuentes de trabajo y ha venido funcionando desde entonces.

DOS EJEMPLOS

EDUARDO GRAFFIGNA  -  Cooperativa Agrovida

La entidad nació como una agrupación de productores que trabajaban con el apoyo del INTA en distintos cultivos, como uva, melones, pero principalmente de tomate para industria. Ahora dijeron que deberán actualizar la documentación para seguir funcionando.

ROBERTO SUVIRE  -  Cooperativa Justo P. Castro

Con casi 1.200 viviendas construidas en Caucete, distribuidas en 5 barrios, es una de las entidades que ya están pensando en un nuevo emprendimiento. El presidente dijo que se van a apurar en ajustar la documentación para poder seguir funcionando.

• Autoridad nacional

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que es el organismo que tomó la decisión, es la autoridad de aplicación del régimen legal cooperativo y mutual que tiene bajo su órbita facultades y atribuciones institucionales y corporativas en materia de cooperativas y mutuales en todo el país. Su objetivo principal es impulsar una adecuada y oportuna promoción, desarrollo, fiscalización y sanción de este tipo de entidades.

El instituto cuenta con un presidente y un directorio y es un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

• Propiedad compartida

Una cooperativa es una entidad en la que una serie de personas se agrupan para llevar a cabo un proyecto empresarial. La cooperativa es una empresa de propiedad compartida, ya que el capital pertenece a los trabajadores. Pero la responsabilidad de los socios es limitada. En caso de quiebra, los socios sólo responderán con sus aportaciones al capital social, no con sus bienes particulares.

Se trata de una asociación en la que un grupo de personas se unen para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta.