El proyecto de reforma de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, que ingresó el jueves pasado al Senado, incluye un cambio para que parte del dinero que se recauda por las multas a las empresas sea destinado al propio denunciante, es decir al consumidor, en concepto de resarcimiento. En San Juan, el monto de las sanciones a las firmas infractoras viene en aumento en los últimos años (ver infografía) e incluso, en los primeros siete meses del 2019, ya se llevan recaudados 1.296.508 pesos.

El sector que lidera el ranking de las sanciones económicas es el de las automotrices, por demoras en la entrega de los vehículos o problemas con la cobertura de las garantías. En segundo lugar están las empresas de telefonía, tanto fijas como de celulares, por problemas con el servicio y en tercer lugar están las compañías de electrodomésticos, por cuestiones que tienen que ver con incumplimientos de las garantías de los productos. Así lo dio a conocer Elías Álvarez, titular de la Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan y presidente del Consejo Federal del Consumo (Cofedec), el organismo nacional integrado por las 23 provincias argentinas y CABA, que participó activamente en la redacción del proyecto.

La ley nacional, la 24240, fue sancionada tras la reforma constitucional de 1994 y ahora se trabajó en una reforma integral. La tarea estuvo a cargo de una comisión redactora integrada por 12 juristas y fue acompañada con el apoyo de 10 senadores de distintas bancadas. Fernando Blanco Muiño, director nacional de Defensa del Consumidor, dijo que "hubo encuentros en 23 universidades de todo el país y a partir de ahora comienza un nueva etapa, que es la del debate en el Congreso Nacional".

Uno de los cambios más llamativos es el de las multas, que pretenden evitar que se reitere la conducta sancionada de las empresas y se perjudique a otros consumidores. Una parte del monto, que todavía no está definido y que deberá ser discutido en el Parlamento, irá destinado al denunciante como un resarcimiento por el perjuicio ocasionado. Como será una norma nacional, San Juan deberá adherir.

La multa más alta, de 2,7 millones de pesos, fue cobrada el año pasado a la empresa Claro.

Es habitual que en el cuarto piso del Centro Cívico, donde funciona la Dirección de Defensa al Consumidor, concurran diariamente los usuarios por haber recibido productos o servicios que no fueron acordes a lo pactado. Muchas de las consultas finalizan como reclamos en los que, en primera instancia, se busca que los involucrados resuelvan la cuestión a través de la conciliación. En la oficina local se reciben diariamente, de lunes a viernes, entre 70 a 100 consultas diarias. De ellas, entre 3 a 16 terminan en denuncias. Hasta el viernes pasado se habían recepcionado en lo que va del 2019 un total de 1.410 denuncias, que son apenas 5 menos que las recibidas para la misma fecha del año pasado.

En San Juan, además de la adhesión a la norma nacional, están vigentes las leyes 655D y la 898D, que establecen que las multas van desde los 100 a los 5 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción. El dinero recaudado va a una cuenta especial de Defensa al Consumidor y está destinado a tareas de educación de los consumidores, capacitación del personal del área y a la adquisición de los elementos para cumplir con las tareas de control y fiscalización en cumplimiento de la ley.

Álvarez destacó dos puntos del proyecto de reforma que está en el Congreso. El primero, la institucionalización del Cofedec, que él preside, y la creación de una autoridad nacional de aplicación de la norma (ANCON), como organismo autárquico y descentralizado.

> Los puntos principales

Entre los principales aspectos del proyecto de reforma, se introducen varios ajustes en materia contractual, armonizándose las soluciones legales con las nuevas normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Entre ellas se destaca una completa regulación del crédito para el consumo, la prevención del sobreendeudamiento del consumidor y el pagaré de consumo y se consagran nuevas reglas sobre comercio electrónico.

También se jerarquizan los principios que rigen las relaciones de consumo, incorporándose varios que antes no estaban consagrados, como consumo sustentable, protección de las personas con vulnerabilidad agravada y la tutela de la dignidad humana.