Cansados por el mal servicio que prestan en Calingasta las empresas de telefonía celular Claro, Personal y Movistar e Intersat, de internet, más de 300 vecinos de Calingasta realizaron una denuncia colectiva ante la Dirección de Defensa al Consumidor. Es la primera vez que hay tantas compañías objetadas en forma simultánea en el organismo de control y con tantas firmas, según confirmaron desde el área. El resultado será que el jueves 16 de junio, en el polideportivo de Barreal, a partir de las 9, habrá 4 audiencias de conciliación, pero si las propuestas que brinden las sociedades no satisfacen a los denunciantes se expondrán descuentos en la facturación y a fuertes multas que pueden llegar hasta los $10 millones.

Todo comenzó durante un operativo de control de precios de inspectores de Defensa al Consumidor al departamento, cuando empezaron a recibir quejas de los vecinos por el funcionamiento de la telefonía celular y del servicio de internet. Según contó Daniel Pérez, desde el organismo, tomo intervención el intendente Jorge Castañeda quien, con la ayuda de los medios del departamento, promovieron una campaña para juntar firmas y armar una denuncia colectiva. Fue así que recolectaron más de 300 firmas con la que se armó la presentación. "Se está pagando por un servicio que en la práctica no se presta", explicó Pérez.

Las compañías ya fueron citadas para el jueves 16, a partir de las 9, a audiencias de conciliación, que serán 4, con una duración de 1 hora cada una. Y habrá representantes del municipio y de los vecinos denunciantes. El propósito es que en esos encuentros las prestadoras expliquen cómo van a mejorar los servicios, tanto de telefonía móvil como de internet. Pero si las propuestas no convencen a los denunciantes el castigo irá desde un descuento en la facturación del servicio hasta multas, que parten desde los $500 hasta los $10 millones. El monto se fija de acuerdo a la cantidad de calingastinos que objetaron los servicios y a la gravedad de los problemas.

Por ejemplo, según fuentes del municipio, unas de las empresas denunciadas, Movistar, va a proponer la instalación de una nueva antena en la zona, para mejorar las comunicaciones.

Ramón Ossa Federico, de la Cámara Empresaria de Calingasta, contó que, por ejemplo, el mal servicio de internet les ocasiona grandes dificultades para emitir facturas y a que no pueden acceder a los pagos electrónicos.

El presidente del Consejo Deliberante del departamento, Adolfo Ibazeta, explicó que muchos vecinos pagan por un servicio de telefonía de 4G, pero que nunca se cumple en la práctica porque la señal de telefonía es muy baja y también les dificulta comunicarse en las zonas aledañas.

En particular se exige a las empresas de telefonía móvil una bonificación en las facturas hasta cumplir un plan de mejora de la cobertura para llegar a Villa Nueva, Puchuzun, Villa Corral, Sorocayense y en las rutas a San Juan y a Uspallata; mejorar la señal en las zonas norte y sur de Barreal y en Alto Calingasta y brindar 4G en todo el departamento.

En cuanto al servicio de internet se solicita la bonificación de los días sin servicio y un descuento en la tarifa hasta cumplir un plan de mejora que reduzca los cortes y mejore la velocidad.

El problema de las comunicaciones es común en muchos departamentos alejados, en particular en Valle Fértil, Jáchal e Iglesia, pero en Calingasta tiene la particularidad de que los vecinos armaron una denuncia colectiva.

CASTIGO

500  Es el importe mínimo que contempla la ley de Defensa al Consumidor como multa por la mala prestación del servicio, pero la suma puede llegar a los $10 millones. Si las compañías quedan disconformes con el castigo que pueda imponer el organismo pueden recurrir a la justicia ordinaria como instancia de revisión de los montos.

• Un antecedente en Valle Fértil

No es la primera vez que una empresa de telefonía celular recibe una multa de la Dirección de Defensa al Consumidor. En el 2017 quedó firme un castigo que el organismo le aplicó a la empresa Claro por el mal servicio prestado en el departamento Valle Fértil. En ese momento la multa ascendió a los $2 millones.

La acción se había iniciado en abril del 2012 por usuarios del departamento cansados de los problemas para comunicarse.

La denuncia había sido encabezada por el exintendente vallisto Francisco Elizondo en abril del 2012. En mayo del 2014, luego de muchas audiencias, se le notificó a la compañía, que recurrió a la Justicia. Con la intervención de Fiscalía de Estado la sanción económica quedó firme.