En un encuentro con productores de fruta, olivos, hortalizas, uvas y del sector bodeguero, desde el Gobierno provincial salieron a mostrar ayer la estrategia implementada para frenar los robos que afectan a los hombres de campo. En particular se trata de cables de electricidad, transformadores y medidores de luz y gas, que llegan a paralizar la actividad en las fincas y chacras. La reunión se dio en un contexto de fuerte crecimiento de los casos porque, según estadísticas de la Policía de San Juan, durante todo el 2021 se registraron 475 sustracciones y sólo en los primeros 6 meses de esta año ya hay 394 hechos que, de mantenerse la tendencia, superarán con creces las cifras del año pasado.

Sólo la sustracción de cables del servicio eléctrico y los transformadores (ver infografía) constituyen el 76% de los casos que se registraron en la provincia en el primer semestre de este año.

Para los productores, las medidas resultan un buen comienzo para combatir este tipo de delitos, pero señalaron que si bien se hace hincapié en frenar la sustracción de elementos que contienen cobre, como los transformadores, también los afectan otro tipo de sustracciones. A los viñateros, palos, alambres y hasta las cepas de los parrales, y al resto de los productores y chacareros, por ejemplo los equipos de bombeo, que después no pueden reponer.

Los principales puntos de la estrategia oficial para combatir este tipo de delitos pasan por la reciente sanción de la ley que regula la actividad de acopio de metales no ferrosos, su adquisición, compra-venta y transporte de estos productos, en particular el cobre, tales como desarmaderos, chatarrerías, depósitos y recuperadoras (ver aparte). La misma norma contempla la creación de una Unidad de Apoyo de Investigación en el ámbito de la Policía de San Juan, que tendrá como tarea recabar toda la información necesaria sobre los robos y después impulsar las acciones para el control de la venta y traslado de los materiales sustraídos.

En el encuentro, que tuvo lugar en la sala de situación del Ministerio de la Producción, estuvo el titular del área, Ariel Lucero; el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, y el fiscal supervisor de la Unidad Fiscal de Flagrancia, Fabrizio Medici, entre otros funcionarios. Por el sector productivo estuvieron representadas las principales cámaras de la provincia.

Fue el ministro Lucero quien explicó que "luego de escuchar a los productores comenzamos a trabajar en conjunto para ver qué estrategia implementar para poder encontrar una solución a esta problemática". Después Munisaga aportó algunos alcances de la ley y dio a conocer la creación de unidades policiales en El Acequión y Cañada Honda, en Sarmiento, y también en 25 de Mayo.

Sobre los resultados de la reunión, Eduardo Garcés, desde la Federación de Viñateros, opinó que "la nueva ley está bien, pero también hay otro tipo de robos en las fincas".

Desde la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos sostuvo que "fue una buena reunión y se ve que hay buenas intenciones, pero habrá que ver los resultados".

Pablo Martín, dirigente de la Mesa Vitícola, expresó que "la ley es una buena herramienta, pero no se trata de una solución a todos los problemas".

Uno de las cuestiones que destacaron los productores y empresarios al término del encuentro es que no recordaban una reunión en la que hubieran participado tantos representantes de diferentes ámbitos, con funcionarios del Ejecutivo, de la policía e incluso de la Justicia para tratar el problema de los robos que, como indican las estadísticas, vienen en crecimiento.

• La nueva norma aprobada

La nueva ley establece la creación de un Registro Provincial de actividades vinculadas a la comercialización e industrialización de metales no ferrosos, que estará bajo la órbita de la Secretaría de Estado de Seguridad. Esos metales son los que no tienen hierro, como el cobre, plomo, estaño y aluminio, los preferidos por los amigos de la ajeno.

Entre los principales aspectos de la norma contempla que en aquellos casos en que los dueños de depósitos o chacaritas no acrediten el origen de los metales, serán investigados por encubrimiento, delito que se castiga con seis meses a tres años de prisión. Cada local deberá llevar un registro de los materiales que comercializa, que deberán guardar hasta por 10 años.

Además, habrá clausura de los establecimientos que no se encuentren funcionando en regla o que no puedan demostrar el origen de los materiales adquiridos. En el caso de los vehículos en infracción a la norma serán radiados de circulación.