En su informe semestral, la entidad advirtió por el uso de contenidos periodísticos sin compensación y señaló agravios contra periodistas y restricciones al acceso a fuentes oficiales.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) presentó su informe semestral sobre libertad de prensa durante su 64ª Asamblea, realizada en Tucumán, y advirtió sobre una serie de situaciones que considera preocupantes para el ejercicio del periodismo en Argentina. Entre ellas, señaló el impacto de la inteligencia artificial, el uso de contenidos periodísticos sin reconocimiento ni compensación, las restricciones al acceso a fuentes oficiales y el deterioro del debate público.
El documento presentado en el encuentro donde también participan DIARIO DE CUYO y Los Andes, fue presentado por Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Adepa, quien planteó que la utilización de contenidos periodísticos para entrenar modelos de inteligencia artificial y alimentar algoritmos de búsqueda, sin una compensación para quienes los producen, amenaza la sustentabilidad económica de los medios.
Para la entidad, la protección de la propiedad intelectual resulta fundamental para preservar un sistema de medios capaz de sostener la producción de información verificable y de calidad. En ese sentido, reclamó nuevas reglas para establecer un equilibrio entre las empresas tecnológicas y los medios que generan los contenidos utilizados por esas plataformas.
Adepa también advirtió que el problema no es únicamente tecnológico. La fragmentación del mercado publicitario y el peso de las grandes plataformas sobre la distribución de información generan, según el informe, un escenario cada vez más complejo para la sustentabilidad de los medios independientes.
Uno de los puntos destacados del informe está relacionado directamente con San Juan. Adepa recordó que el 19 de junio cuestionó una resolución del Ministerio Público Fiscal provincial que establecía restricciones para que sus funcionarios brindaran información que no hubiera sido previamente autorizada.
Según la entidad, la medida también desaconsejaba los intercambios personales entre funcionarios y periodistas y concentraba las consultas periodísticas en una única autoridad.
Adepa sostuvo que ese mecanismo podía generar un “claro efecto inhibitorio” sobre fuentes y periodistas y derivar en un monopolio oficial de la información. La organización planteó que las restricciones vinculadas al secreto de sumario, la privacidad o la protección de investigaciones deben ser específicas, excepcionales y proporcionales, pero no convertirse en una barrera general para el contacto entre la prensa y los funcionarios públicos.
El señalamiento sobre San Juan quedó incluido dentro de un capítulo más amplio del informe dedicado a las restricciones al acceso periodístico a las fuentes. Adepa también mencionó situaciones registradas en la Casa Rosada, la Cámara de Diputados y el Ministerio de Economía de la Nación.
Otro de los ejes del documento fue el deterioro del debate público y, particularmente, los ataques contra periodistas provenientes de funcionarios públicos.
Adepa sostuvo que la crítica al periodismo es legítima y necesaria, pero marcó una diferencia entre cuestionar una información, pedir una rectificación o recurrir a la Justicia y promover la descalificación personal de periodistas y medios.
En ese contexto, el informe mencionó episodios protagonizados por el Presidente de la Nación y por el ministro de Economía. La entidad cuestionó especialmente la posibilidad de impulsar una legislación destinada a “castigar” publicaciones periodísticas consideradas falsas desde el poder, al advertir que una norma de esas características podría generar un efecto inhibitorio sobre la investigación y la difusión de información de interés público.
También hizo referencia a un episodio ocurrido en una escuela de Buenos Aires, donde el Presidente incentivó abucheos contra periodistas. Para Adepa, el hecho adquirió una dimensión particular por haberse producido frente a adolescentes y con la participación directa del jefe de Estado.
El informe incluyó además un relevamiento sobre la actividad del Presidente en redes sociales durante una semana de agosto. Según Adepa, entre el 17 y el 23 de agosto se registraron 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta presidencial, además de 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas.
Durante esos días, la entidad señaló que fueron mencionados por su nombre al menos 16 periodistas y nueve empresas de comunicación.
Adepa aclaró que los periodistas y medios pueden equivocarse, deben responder ante sus audiencias y están sujetos a las responsabilidades establecidas por la ley. Sin embargo, remarcó que existe una diferencia entre debatir o refutar una información y promover la degradación personal de quienes la producen.
El informe también puso especial énfasis en el avance de la inteligencia artificial y su impacto sobre el modelo económico del periodismo.
Adepa planteó que la utilización indiscriminada de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje o alimentar sistemas de búsqueda, sin reconocer el trabajo de sus autores, puede afectar directamente la capacidad de los medios para sostener sus estructuras y producir información propia.
Frente a la expansión de la desinformación, la polarización y los contenidos diseñados para generar impacto, la entidad reivindicó el papel de las redacciones profesionales para verificar, investigar, contextualizar y ofrecer información confiable.
En esa línea, sostuvo que la defensa de la libertad de prensa no implica considerar al periodismo infalible. Los medios, señaló, deben corregir sus errores, transparentar sus procedimientos y asumir las responsabilidades correspondientes cuando vulneran derechos.
Pero, al mismo tiempo, Adepa advirtió que la respuesta frente a los errores periodísticos no puede convertirse en una verdad oficial, una restricción general al acceso a las fuentes o una herramienta para desalentar investigaciones.
El informe concluyó que la defensa de la libertad de prensa requiere tanto medios sostenibles e independientes como poderes públicos tolerantes frente a la crítica y una Justicia prudente ante cualquier medida que pueda generar censura o autocensura. Para la entidad, la discusión sobre la inteligencia artificial y el deterioro del debate público forman parte de un mismo desafío: preservar el valor de la información profesional y las condiciones necesarias para producirla.
