El ejecutivo de Vicuña Corp dijo a Diario de Cuyo que no apoya cupos obligatorios y apuesta a un ecosistema de proveedores locales competitivo y sustentable.
Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp en PDAC
Foto:
Un día después de reunirse con más de 40 empresas sanjuaninas en el marco de la PDAC, el CEO de Vicuña Corp, Ron Hochstein habló en exclusiva con Diario de Cuyo, sobre lo que se viene para el proyecto binacional y dio precisiones sobre cómo van a trabajar con la cadena de valor local.
Hochstein se mostró sorprendido por la convocatoria del lunes junto con el gobierno de San Juan. “Fue una gran reunión. Me sorprendió la cantidad de personas en la sala que estaban mostrando interés en Vicuña”, afirmó.
El ejecutivo destacó que el encuentro fue “un muy buen primer paso” para explicar cuáles son las expectativas de la compañía. “No estamos en construcción todavía. Aún tenemos por delante la decisión de sanción o FID. Pero fue muy positivo poder contarles cómo vemos nuestras políticas de compras locales y escuchar qué es lo que los entusiasma”, señaló.
La discusión sobre una eventual ley provincial de proveedores, que el Gobierno de San Juan analiza enviar a la Legislatura, apareció inevitablemente en la conversación. La respuesta de Hochstein fue tajante: “No. No lo creo”, dijo cuando se le preguntó si la provincia necesita una norma de ese tipo.
Según explicó, la política de Vicuña ya prioriza la contratación local. “Nuestro foco está en proveedores locales y en compras locales. Es parte de nuestro negocio y vamos a esforzarnos por hacerlo así”, aseguró.
Para el CEO, una ley que obligue porcentajes puede generar distorsiones. “Una norma de ese tipo genera expectativas de que sí o sí hay que usar proveedores de San Juan. Desde mi experiencia en el Grupo Lundin y ahora en Vicuña, lo que queremos es trabajar juntos para desarrollar sus empresas, para que sean más competitivas, no solo en San Juan sino en otras partes del país”, sostuvo.
En su visión, el desarrollo de competitividad a largo plazo es más virtuoso que la imposición normativa. “Es mucho mejor que las compañías trabajen juntas para construir competitividad y mercados, en lugar de tener una ley que especifique cupos. Eso no pone el foco correcto en el desarrollo empresarial”, agregó.
En referencia a la reunión con los proveedores Hochstein aclaró que el objetivo del 50% aplica a la plantilla laboral. “Es el 50% de nuestros empleados los que serían locales”, precisó.
Esa meta, explicó, está vinculada a una mirada integral. “La contratación local y las compras locales van de la mano. Lo que realmente buscamos es desarrollar los negocios dentro de nuestra área de influencia, que incluye muchas comunidades, pero obviamente San Juan es la más grande”, dijo.
Para Vicuña, el impacto no se limita al empleo directo. La empresa proyecta más de 12.000 puestos en el pico de construcción y alrededor de 55.000 empleos indirectos que demandarán servicios y soporte de la matriz pública provincial. Esa magnitud explica por qué la discusión sobre infraestructura trasciende el ámbito estrictamente minero.
Aunque la FID todavía no fue tomada, Vicuña confirmó que invertirá cerca de US$ 900 millones este año en el proyecto. El destino de esos fondos incluye la licitación y ejecución del acceso norte, obras tempranas en sitio y adquisición de equipamiento, como camiones para movimientos iniciales de suelo. También contempla el avance de estudios de ingeniería necesarios para reducir riesgos antes de la decisión final.
La expectativa es que la FID llegue antes de fin de año. Si eso ocurre, sea en octubre o diciembre, 2027 marcaría un punto de inflexión visible en el terreno. “Si la FID se toma antes de fin de este año, definitivamente en 2027 veremos un cambio en el proyecto”, afirmó.
Consultado sobre posibles factores que pudieran frenar el inicio de construcción una vez tomada la decisión, fue categórico: “No. Ese es el rol del equipo de Vicuña ahora mismo: asegurar que todo lo que los directorios necesitan esté en orden. Cuando se toma la FID, vamos”.
En materia de obras habilitantes, Hochstein señaló que el proyecto avanza sobre dos ejes centrales: el corredor de acceso norte, una nueva vía que acortará el trayecto hacia la mina y que ya fue licitada por varios millones de dólares, y la línea de transmisión eléctrica, clave para garantizar el suministro de energía.
Ambos frentes forman parte de la inversión prevista para este año, junto con obras tempranas y trabajos de ingeniería para robustecer el diseño técnico antes de elevar la propuesta final a los directorios de BHP y Lundin Mining.
“Cuando ellos toman esa decisión, es como la bandera verde en una carrera: significa que vamos”, graficó el CEO, al tiempo que la compañía planteó la necesidad de reforzar infraestructura pública en vivienda, educación y salud para acompañar el impacto laboral y urbano que generará el proyecto en San Juan.
Otro punto sensible para los proveedores es la anticipación de licitaciones. Algunas cámaras empresarias reclaman conocer con antelación los pliegos para poder invertir y prepararse.
Hochstein fue prudente. “No solemos adelantar lo que vamos a licitar porque eso genera expectativas”, explicó. En cambio, el modelo de la compañía apunta a fortalecer capacidades antes de que se abran los procesos.
En esa línea, habló del trabajo con la Fundación Vicuña. “Trabajamos con los proveedores para asegurarnos de que sus procesos de negocio estén en orden: inventarios, facturación, sistemas. Que estén listos cuando salga la licitación”, detalló.
Sostuvo que no financian a proveedores directamente sino que eso se debe hacer por medio del sistema financiero. Una empresa con procesos sólidos, sostuvo, tiene más chances de acceder a financiamiento bancario si lo necesita. “Los bancos están más dispuestos a prestar cuando ven que la empresa está lista, que tiene sistemas y sabe competir”, explicó.
En el plano nacional, Vicuña presentó su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en diciembre. “Hemos recibido algunas preguntas del Gobierno y sentimos que el proceso va bien. Esperamos una decisión en los próximos meses”, afirmó Hochstein.
La aprobación del RIGI aparece como uno de los elementos necesarios antes de la FID. “Eso sería una de las cosas requeridas para que podamos tomar la decisión final”, reconoció.