EVISA, vinculada al grupo Iberte, negó que exista una imputación y defendió el origen de los fondos cuestionados.
Un conflicto empresarial y judicial que comenzó en Mendoza sumó un nuevo capítulo con una denuncia presentada por Fecovita contra Iberte por presunto lavado de activos y falsedad de balances. La investigación tiene una arista vinculada a San Juan, ya que el empresario español Juan José Retamero Gómez, señalado en la presentación, es director de Iberte y propietario de la mina Gualcamayo, uno de los principales proyectos mineros de la provincia.
La causa quedó a cargo del fiscal federal Ramiro González, titular de la Fiscalía Federal N° 1. La denuncia fue presentada por apoderados de Fecovita contra el empresario español Juan José Retamero Gómez, director de Iberte y propietario de la mina Gualcamayo, y el mendocino Guillermo García, exapoderado de una empresa socia de Fecovita, actual apoderado de Iberte y ex presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Según la presentación de Fecovita, se busca determinar si existió un esquema de operaciones destinado a perjudicar económicamente a la cooperativa y eventualmente blanquear capitales de origen ilícito. El planteo forma parte de un conflicto comercial que ambas partes mantienen desde hace varios años y que derivó en distintas actuaciones judiciales.
Tras conocerse la presentación de Fecovita, Exportadora Vitivinícola S.A. (EVISA), vinculada al grupo Iberte, difundió un comunicado en el que rechazó las acusaciones. La compañía remarcó que, según su interpretación del expediente, “a la fecha no existe ninguna imputación” y sostuvo que la Fiscalía no habría encontrado elementos suficientes para imputar a ninguna persona.
La empresa también afirmó que los fondos bajo investigación tienen origen lícito, se encuentran bancarizados y cuentan con documentación que permitiría reconstruir su trazabilidad. En ese sentido, cuestionó que Fecovita no haya precisado, según su postura, cuál sería el delito precedente del supuesto lavado investigado.
Uno de los puntos centrales de la respuesta está relacionado con el ingreso de dinero al país mediante operaciones de Contado con Liquidación (CCL). EVISA sostuvo que se trata de una operatoria legal y regulada y afirmó que los fondos cuestionados son los mismos que, según su versión, Fecovita había retirado de la sociedad.
La empresa ubicó el origen de la discusión en unos US$32 millones que, de acuerdo con su postura, fueron retirados por Fecovita de EVISA y posteriormente no restituidos. Para la compañía, este aspecto forma parte del conflicto comercial que ambas partes mantienen desde 2022 y que dio lugar a reclamos económicos cruzados.
EVISA también sostuvo que Fecovita ya conocía el origen y la modalidad de ingreso de esos recursos al momento de incorporarlos a la sociedad. Para respaldar esa afirmación, citó documentación interna en la que, según la empresa, se dejó asentado que se trataba de “fondos de Inversión lícitos” que ingresaban al país con certificaciones de licitud emitidas por organismos correspondientes.
La compañía agregó que los recursos ingresaban mediante el mercado de capitales y que la operatoria requería documentación sobre el origen de los fondos. Además, afirmó que ARCA fiscalizó el ejercicio 2022 y cerró el procedimiento el 3 de junio de 2025 sin observaciones ni ajustes, de acuerdo con la documentación que presentó.
EVISA aseguró además que sus estados contables son auditados por firmas internacionales y que encargó una auditoría independiente sobre la trazabilidad de los fondos, cuyos resultados, indicó, serán puestos a disposición de la Justicia. Estas afirmaciones forman parte de la defensa de la empresa y deberán ser evaluadas en el marco de la investigación judicial.
La relación entre Fecovita e Iberte comenzó entre fines de 2020 y 2021, cuando ambas partes avanzaron en negocios vinculados con la exportación de vino y mosto. Posteriormente constituyeron una sociedad conjunta que primero se denominó Sybac Solar S.A. y luego pasó a llamarse Exportadora Vitivinícola S.A. (EVISA).
El acuerdo contemplaba aportes de capital, inmuebles y operaciones comerciales. Sin embargo, durante 2022 comenzaron los desacuerdos entre las partes y finalmente decidieron poner fin a la relación. El 13 de octubre de ese año firmaron un acuerdo mediante el cual Fecovita reconoció el compromiso de cancelar una deuda de $3.515.622.630,20, según consta en los antecedentes del conflicto.
A partir de entonces comenzaron los reclamos judiciales. Iberte reclama una deuda cercana a US$31,7 millones, mientras que Fecovita cuestiona su existencia y exigibilidad. En Mendoza se tramitaron además denuncias por presunta estafa y defraudación, mientras que Fecovita presentó en 2025 la denuncia ante la Justicia Federal de Buenos Aires que dio origen a la actual investigación por presunto lavado de activos y falsedad de balances.
De esta manera, el conflicto entre ambas partes continúa abierto en distintos ámbitos judiciales. Mientras la Justicia Federal analiza la denuncia presentada por Fecovita, EVISA sostiene que los fondos cuestionados son lícitos y que existe documentación para respaldar su origen. La investigación deberá determinar si hubo o no irregularidades y las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.
