El paro general de actividades contra la política social y económica del Gobierno que venía planeando la CGT para abril próximo ha quedado en suspenso después del avance que tuvieron las negociaciones entre la central obrera y representantes del Poder Ejecutivo Nacional, por la que los gremios conseguirían más fondos para el sistema de obras sociales, que atraviesa dificultades propias de la actual situación económica financiera del país.

Además del incremento de las partidas que actualmente se destinan para estos sistemas de salud, otro tema que está en negociación es el de la creación, por decreto presidencial, de una agencia médica que tendrá como uno de sus objetivos reducir los amparos judiciales que dispone la cobertura de servicios médicos no cubiertos por el Programa Médico Obligatorio (PMO). Los gremialistas están convencidos de que si el Gobierno habilita la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet) -ente encargado de establecer prioridades de utilización de tecnologías sanitarias a partir de su valoración clínica, ética, económica y social, y sus eventuales implicancias sobre el sistema de salud- será un efectivo recurso para frenar los amparos judiciales y así blindar a las obras sociales sindicales de esos reclamos que en la mayoría de los casos son millonarios. Hasta ahora las tratativas están muy avanzadas pero desde el Gobierno no quieren adelantar si la Agnet surgirá por decreto o mediante proyecto de ley del Congreso Nacional.

Ninguno de los dirigentes de la CGT habla de tregua con el Gobierno, pero ya se conoce que este último ha agilizado el reparto de dinero del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con los aportes obligatorios que se les retienen mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios. Se ha comprobado que este año esas partidas están fluyendo con más agilidad que en años anteriores y que conforme al acuerdo al que se ha llegado se verían incrementadas. Ahora la pregunta que surge, es de dónde el Gobierno va a obtener mayores fondos para distribuir entre las obras sociales sindicales en un contexto de recesión y con un elevado porcentaje de desempleo en las distintas actividades.

Una vez más la dirigencia sindical, representada en este caso por la máxima conducción de la CGT, está logrando condicionar al Gobierno con un acuerdo que busca generar un clima electoral favorable más que un mejoramiento del sistema de salud en general, ya que no avanza sobre la efectividad que deben demostrar las obras sociales sindicales que actualmente está muy cuestionada.