El juez del Tribunal Federal local, Daniel Doffo, condenó ayer a Roberto Espiro Mitar (26 años, miembro de la comunidad gitana) a 9 años de cárcel por considerar probado que, entre diciembre de 2022 y el 12 de marzo de 2023 (ese día ella escapó y denunció), se aprovechó de la vulnerable condición y los problemas de discapacidad mental de una joven gitana (hoy de 25 años) que había sido ‘comprada’ (se habla de $50.000) por su padre como parte de la tradición del pago de la ‘dote’, para que se ‘casaran’. Y, así, perpetró contra ella el delito de trata de personas, porque mediante esa unión forzada, ejerció violencia física y psicológica para someterla a una servidumbre sexual y laboral, provocándole un grave daño en su vida, ya que la obligaba a tener sexo, a trabajar en la casa y salir a vender medias u otras cosas en la calle, para darle todo el dinero al acusado o a su familia, que retenían su DNI para que no se fuera. Todo sin contar que, además, intentaron interferir en su salud reproductiva para que tuviera más hijos.
El magistrado adhirió también al pedido del fiscal federal, Fernando Alcaraz, y su auxiliar Virginia Rodríguez (habían pedido 11 años de pena), para se declare al caso como uno más de los hechos de violencia de género, se imponga una reparación económica de $4.270.332 a la víctima (el juez concedió 4 millones), para quien solicitaron un tratamiento de rehabilitación psicológica, pues aún teme salir a la calle. Fiscalía también pidió, y el juez lo concedió, la publicación de la sentencia y que el condenado sea obligado a realizar un curso sobre violencia de género.
La defensora de Mitar, María Filomena Noriega, había pedido la absolución por el beneficio de la duda. Negó el estado de discapacidad y vulnerabilidad de la joven, y en base a testigos aludió a ella como una persona que se drogaba, que desaparecía con frecuencia de la casa de la ‘familia solidaria’ que la acogió en San Luis y que actualmente cría a su pequeña hija, ya que la joven no puede por ser una persona ‘violenta y no alguien dócil y vulnerable’. Además, dijo que mentía todo el tiempo y es ‘bipolar’, al punto de asegurar que ‘tal vez se levantó con el viento Zonda y lo denunció y luego le llegó el Sur y se arrepintió’, en alusión a la ‘retractación’ que esa joven hizo en una escribanía de San Luis.
Ese hecho, tiene complicado por ahora al anterior defensor de Mitar, Oscar Adárvez, que ya fue indagado por el delito de encubrimiento, pues una escribana de San Luis dijo haber recibido un correo de Adárvez, con la ‘retractación’ de la joven ya escrita. La sospecha es que, ese escrito surgió luego de que los parientes de Mitar presionaran y la obligaran a contradecirse para beneficiar al ahora condenado.
La vida de esa joven siempre fue muy complicada. La hipótesis es que vivió en situación de calle y llegó a ser parte de otros tratos con el pago de una dote (indemnización simbólica a la familia de la joven gitana) para ‘casarse’ o formar uniones de hecho en Río Cuarto (Córdoba) y Paraná (Entre Ríos), desde donde fue vendida a San Juan.
Noriega anticipó que recurrirá el fallo. Si queda firme, Mitar será el segundo caso de un casamiento gitano en San Juan, que sirvió para perpetrar delitos derivados de la trata de personas.
ROBERTO ESPIRO MITAR (26), condenado.