El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha determinado los costos que demanda la lucha contra la delincuencia y de las consecuencias sociales derivadas de los ilícitos en los diferentes países de América latina y el Caribe. En la Argentina este impacto es macroeconómico, estimado en unos 30.000 millones de dólares al año.

La cifra, que incide negativamente en el crecimiento de cualquier país emergente, es la que demanda el resarcimiento por los muertos, la atención de los heridos, los daños y pérdidas materiales; los gastos públicos y privados destinados a prevenir la delincuencia y sostener el sistema de justicia penal, según el relevamiento basado en estadísticas oficiales entre 2010 y 2014.

Los costos no incluyen, por ejemplo, el valor de los bienes robados ni gastos indirectos como sostener los programas de prevención de la violencia, o el impacto en los precios de las propiedades.
Tomando los costos per cápita, nuestro país con 688 dólares personales, lidera la nómina entre las naciones sudamericanas y es tercero en la región, sólo superado en la tabla general por Trinidad y Tobago y Bahamas.

El BID se propuso desarrollar un modelo de análisis para explicar cómo los costos del crimen contribuyen al deterioro del bienestar de los ciudadanos.

Uno de los grandes desafíos para el estudio radicó en compensar las grandes diferencias que existen en los registros de hechos delictivos. Por ejemplo, Chile con una tasa inferior a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes; Argentina y Uruguay 8; El Salvador 64 y Honduras 74 marcan la diferencia de la inseguridad local.

En materia de costos sociales, los homicidios afectan de forma desproporcionada a los varones de entre 15 y 30 años, lo que supone un golpe al grupo de mayor productividad laboral de la población.

Los U$S 261.000 millones que el delito le demanda a Latinoamérica equivalen al gasto anual en infraestructura y al ingreso del 30% de la población más necesitada. La cifra no sólo duplica el gasto promedio de los países desarrollados sino que representa un costo mayor al que estos sufrirán con eventos tan dramáticos como el terrorismo, el cambio climático o el Brexit.