La actividad vitivinícola de nuestra región está resultando seriamente perjudicada ante los volúmenes, cada vez mayores, de vino a granel importado de Chile por un puñado de grandes elaboradoras argentinas, en detrimento de la producción local y de la calidad y confiabilidad de los vinos argentinos.

La política de apertura a las importaciones del Gobierno nacional, implementada sin analizar cuidadosamente sus efectos, viene afectando al sector en la medida que los caldos que están ingresando compiten deslealmente con nuestros vinos en una serie de aspectos, que de no ser controlados o corregidos inmediatamente provocarán pérdidas cuantiosas, especialmente a los pequeños y medianos productores, que actualmente subsisten con grandes dificultades.

Es inconcebible que en estos momentos no se esté fiscalizando estrictamente la calidad de esos vinos, que si bien ingresan al país debidamente precintados y en transportes autorizados, se conoce que no están a la altura de los vinos locales, además de contener vestigios de insecticidas y otros agroquímicos que se estuvieron utilizando en Chile en contra la lobesia botana o polilla del racimo de la vid, en su intento por erradicarla. El efecto residual microscópico, muy difícil de detectar al estar radicado en el orujo, es decir el residuo de pieles y pepitas que quedan de la uva después de haber sido prensada, es fácilmente transferido al vino, el que una vez volcado en los tanques se hace imposible su eliminación.

Todo indica que el problema que origina esta situación es que los caldos ingresan a la Argentina y tienen dos destinos: su fraccionamiento con el etiquetado correspondiente o su mezcla con vinos locales en detrimento de la calidad de estos últimos. Vinos finos de selecta producción de Cuyo o de otras regiones vitivinícolas del país son cortados por los denominados vinos "finitos" que Chile exporta, dejando los de mejor calidad en ese país. A esto se suma el perjuicio que puede ocasionar el fraccionamiento de ese vino con etiquetas argentinas, para posteriormente enviarlo al mercado externo, ya que el comercio internacional es muy estricto en cuanto a la autenticidad y salubridad de los productos.

La situación se agrava cada vez más ya que está absolutamente comprobado el tremendo aumento de estas importaciones, en los últimos meses. Registros del INV señalan que de octubre del año pasado a la fecha se pasó de los 400 mil litros a poco más de 1.200.000 litros, cifra que tiende a aumentar ante la flexibilidad de la fiscalización y la diferencia de precios con el país transandino.

El Gobierno nacional no puede alentar tan alegremente este tipo de políticas de importación, sin un exhaustivo estudio de los efectos y las consecuencias que tendrá en las economías regionales. Primero hay que estudiar la situación general del país, analizar las consecuencias y conforme a la complejidad de cada sector solicitar el asesoramiento correspondiente para no tener sorpresas con su implementación.

Por otra parte no se pueden tomar medidas para beneficiar a unas pocas empresas, máxime cuando una de ellas pertenece a una conocida dirigente del partido gobernante, en detrimento de las economías regionales, y medianos y pequeños productores vitivinícolas y bodegueros de todo el país.